El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien solicitaba ser eximido de abonar la fianza en el proceso judicial que se iniciará próximamente por su supuesta implicación en la divulgación de información sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. De este modo, se confirma la cantidad de 75.000 euros establecida inicialmente por el juez instructor, Ángel Hurtado.
La Sala de Apelación rechazó también las alegaciones de la Abogacía del Estado que defendía a García Ortiz, argumentando que, aunque actúa en representación del Estado, no está exento de prestar fianza según el Código Penal, que diferencia entre las responsabilidades del Estado y las de sus funcionarios.
Los jueces aclararon que, aunque el Ministerio Fiscal es parte del Estado, las autoridades y funcionarios que enfrentan procesos penales por acciones personales deben responder con su patrimonio, justificando así las medidas cautelares como la fianza.
Además, se validó la decisión del magistrado de ajustar la fianza a 75.000 euros, después de haberla reducido desde 150.000 euros, error inicial en el cálculo que incluía una posible multa, práctica no permitida por la doctrina constitucional al anticipar un veredicto condenatorio.
Tras ajustar la cantidad, García Ortiz utilizó parte de su patrimonio para cubrir la fianza inicial, mientras que González Amador, quien también ha sido parte en el proceso, decidió no aumentar la fianza a 300.000 euros tras valorar la solvencia patrimonial del fiscal general.