QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Supremo ha iniciado el proceso del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Cartagena frente al acuerdo del Consejo de Ministros del 27 de mayo de 2025 que permitía convertir el antiguo Hospital Naval en un centro de acogida para migrantes y que impone al Ayuntamiento la modificación de su Plan General de Ordenación Urbana para legalizar estos cambios.
El Supremo ha solicitado al Ministerio de Presidencia que entregue el expediente administrativo en un plazo de 20 días y que notifique formalmente sobre el recurso a todas las partes implicadas, como establece la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha señalado que el Ayuntamiento ha interpuesto el recurso porque «es nuestra obligación defender el cumplimiento de las normas por todos, empezando por las administraciones; en este caso, la Administración central fuerza las normas para mantener esa instalación que nos han impuesto a los cartageneros», según fuentes municipales.
Arroyo también ha expresado su descontento por tener que «recurrir a los tribunales en la relación entre administraciones». «No es el camino que debería seguirse, pero no hay otra salida cuando una parte actúa con deslealtad, ocultando decisiones e imponiendo una instalación sin el menor consenso», agregó.
En los próximos meses, los servicios jurídicos municipales darán forma al recurso, que se basará en la incompatibilidad urbanística, el riesgo de inundaciones y la seguridad de los ocupantes en un sitio que, sumando instalaciones temporales y permanentes, tiene una capacidad aproximada de 1.500 personas. El Gobierno regional ha anunciado su apoyo al recurso con documentación.
Desde el Consistorio, se critica que «con el acuerdo recurrido, el Consejo de Ministros busca legitimar las obras realizadas en el Hospital Naval sin licencia municipal, que infringen normativas de seguridad y que habían sido objeto de órdenes de paralización y de procedimientos sancionadores por parte del Ayuntamiento».
El Gobierno justificó la ejecución de las obras por ser de urgencia o de excepcional interés público, aunque no cumplan con el planeamiento urbanístico actual. Antes, en febrero, el Ministerio de Inclusión había declarado la urgencia de estas obras.
El Ayuntamiento ya había actuado contra varias intervenciones realizadas sin licencia. En noviembre de 2024 se iniciaron dos expedientes adicionales al detectarse nuevas construcciones destinadas a habilitar 300 camas, también sin licencia. Los informes técnicos concluyeron que estas acciones eran incompatibles con el Plan General de Ordenación Urbana, que el terreno está en una zona de alto riesgo de inundación y que las carpas no cumplían con la normativa de seguridad contra incendios, por lo que se consideraron no legalizables.
