El Tribunal Supremo, a través de su Sala Tercera, ha procedido a la admisión a trámite del recurso contencioso-administrativo que ha sido interpuesto por el Gobierno de Baleares contra el Real Decreto 743/2025, fechado el 26 de agosto, que establece la cantidad de plazas habituales en el sistema de protección y tutela para menores extranjeros no acompañados en las diferentes comunidades y ciudades autónomas de España.
Desde la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, se explicó este martes que el recurso admitido señala la presión que enfrenta el sistema de protección de menores en la comunidad, enfocándose especialmente en los niños y adolescentes migrantes que llegan sin compañía. Esta situación ha sido denunciada repetidamente por el Govern y los Consells, apoyándose en informes de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.
La disputa se origina debido a que la asignación de 406 plazas para Baleares se ha realizado sin una justificación transparente de los criterios usados, conduciendo a un escenario ‘opaco y arbitrario que beneficia a unas comunidades en detrimento de otras y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial’, según afirma el Govern. Esta normativa es considerada perjudicial para los intereses de la comunidad balear.
El Tribunal Supremo comenzará a procesar el recurso el 24 de septiembre de 2025, tras la autorización del Consell de Govern y la presentación por parte de la Abogacía de la Comunidad Autónoma. Este recurso se añade a otras dos acciones legales ya admitidas a trámite por parte de la Abogacía de Baleares ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, relacionadas con competencias y autonomía financiera, y regulaciones durante contingencias migratorias extraordinarias, respectivamente.
Adicionalmente, desde la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, se han formulado alegaciones contra el procedimiento iniciado por el Estado para el traslado de los primeros menores extranjeros no acompañados, dentro del reparto impuesto por el Gobierno central.