El Tribunal Supremo ha ratificado la pena de 29 años de cárcel para Mari Carmen, acusada de asesinar a su pareja sentimental administrándole laxantes de forma prolongada durante su hospitalización, y por apropiarse además de su dinero.
La máxima instancia judicial rechazó el recurso de casación presentado por la condenada contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ya había confirmado la sentencia inicial de la Audiencia Provincial de Valencia. Esta última la había sentenciado a 23 años por asesinato con agravante de parentesco y a seis años adicionales por estafa continuada, absolviéndola del delito de falsedad documental.
La defensa de Mari Carmen argumentó en su recurso un quebrantamiento de forma por el manejo de las pruebas testificales y acusó al jurado de parcialidad y de errores en la proposición del objeto de veredicto que provocaron indefensión. También señaló infracciones de ley relacionadas con los principios constitucionales in dubio pro reo, y presunción de inocencia en cuanto al asesinato y la alevosía, además de la presunción de inocencia vulnerada por error en la valoración de las pruebas.
No obstante, el Supremo desestimó los siete argumentos de la defensa, enfatizando que su labor no es proporcionar una versión alternativa de los hechos ni sustituir al jurado, que ha evaluado coherente y adecuadamente las pruebas. «El Jurado ha valorado de forma más que coherente el arsenal probatorio puesto a su disposición y su desenlace valorativo cuenta con el aval del órgano de apelación y nuestra tarea de fiscalización se agota en la constatación de que se ha respetado de forma escrupulosa el canon constitucional que define el derecho a la presunción de inocencia», declaró el tribunal.
Entre septiembre de 2020 y abril de 2021, la acusada estuvo suministrando laxantes a su pareja hospitalizada «sabiendo y aceptando que con ello le podría causar la muerte», lo que derivó en un shock séptico severo que causó su deceso. Durante este periodo, Mari Carmen realizó 152 extracciones de dinero usando las tarjetas de crédito de la víctima y otras operaciones financieras sin su consentimiento, sumando un total de 88.110 euros. Fue condenada a pagar 135.517 euros en responsabilidad civil y 30.000 euros a cada uno de los dos hijos de la víctima por daños morales.