El Tribunal Supremo rechaza la prisión para Ábalos a pesar de los informes de la UCO

Leopoldo Puente, magistrado instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, ha decidido no acceder a la solicitud de las acusaciones populares, encabezadas por el PP, de encarcelar provisionalmente a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, tras la presentación de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapa “ingresos irregulares”. La decisión se alinea con la postura de la Fiscalía, optando por mantener las medidas cautelares actuales: prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y presentaciones periódicas ante la justicia.

Durante la revisión de estas medidas, que tuvo lugar este miércoles, Ábalos se acogió a su derecho a no declarar, expresando sentirse desprotegido tras desavenencias con su abogado, José Aníbal Álvarez, quien le acompañaba en dicho procedimiento. A pesar de su deseo de cambiar de defensor, el magistrado Puente lo consideró un “fraude de ley” y le obligó a mantenerlo, impidiendo eludir la cita judicial.

En esta misma audiencia, la Fiscalía reiteró su petición de mantener las restricciones vigentes, indicando que, aunque los indicios contra Ábalos se han intensificado, las circunstancias no justifican su ingreso en prisión preventiva. Por su parte, la defensa del exministro arguyó que la demanda de encarcelamiento tiene un trasfondo político.

Por otro lado, las acusaciones populares, con la excepción de ADADE, solicitaron el encarcelamiento de Ábalos, aunque en un centro distinto a Soto del Real, donde está Santos Cerdán. Además, propusieron una fianza de 650.000 euros en caso de no acordarse la prisión, mientras el PP destacó la ausencia del dinero procedente de supuestas mordidas.

El informe de la UCO reveló que Ábalos manejaba 95.437,33 euros sin justificación bancaria, incluyendo 20.799,40 euros en gastos personales financiados por “una fuente de ingresos no declarada”. Además, se mencionó que el PSOE realizó pagos en efectivo a Ábalos, algunos sin justificación documental. La investigación también apuntó a prácticas opacas de gestión de patrimonios entre Ábalos y Koldo García, sugiriendo la recepción de “ingresos irregulares y opacos”.