Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, ha modificado de oficio la cantidad original de la fianza de 150.000 euros impuesta a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, disminuyéndola a 75.000 euros. Esta reducción excluye la consideración de una eventual multa, acorde con la doctrina constitucional que evitaría anticipar una sentencia condenatoria.
Según fuentes de Europa Press, García Ortiz ha recurrido a su patrimonio para cubrir inicialmente los 150.000 euros de fianza al no disponer del efectivo necesario. A pesar de las ofertas de ayuda por parte de familiares y amigos, el fiscal general ha decidido no involucrar a terceros, aunque está agradecido por el apoyo recibido.
Además, García Ortiz estaba preparando un recurso de apelación directo contra la cuantía impuesta por considerarla excesiva, señalando que en casos similares de agresión sexual la fianza usual es de 50.000 euros. Por otro lado, la acusación particular, representada por González Amador, ha solicitado que la fianza se incremente hasta los 300.000 euros debido a daños morales continuados.
El juicio contra García Ortiz está programado para noviembre, con una duración estimada de una semana y con posibilidad de extensión por la cantidad de testigos. Se espera una sentencia hacia finales de año. El tribunal estará conformado por siete magistrados de tendencia conservadora, liderados por Andrés Martínez Arrieta, presidente de la Sala de lo Penal.
La acusación popular, ejercida por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, atribuye a García Ortiz un delito de prevaricación junto a un delito continuado de revelación de secretos, lo que podría resultar en una condena de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación. Hurtado ha indicado que podría ampliarse el catálogo de delitos imputados.