QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Supremo, a través de su Sala de Apelación, ha confirmado la decisión del juez Ángel Hurtado al rechazar la suspensión provisional de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ante las acusaciones de revelar secretos que implican a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Los jueces Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres han desestimado el recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que actúa como acusación popular, contra la negativa del juez a esta medida precautoria. Según un auto publicado por Europa Press, los magistrados argumentan que la decisión de Hurtado se basa en “contundentes argumentos jurídicos”, considerando que la suspensión del fiscal general es una prerrogativa administrativa del Ministerio Fiscal.
Además, los magistrados alegan que tal intervención judicial en asuntos administrativos de la Fiscalía sería “una inaceptable invasión” de sus competencias autónomas. También resaltan que la medida propuesta por la APIF no contribuiría en modo alguno al proceso penal en curso, y recalcan la gravedad de suspender al máximo responsable del Ministerio Fiscal.
Hurtado, en septiembre, mencionó un “vacío legal” en el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal que le impide suspender a García Ortiz. Explicó que la normativa deja la decisión de suspender fiscales en manos del fiscal general, subrayando su naturaleza administrativa, fuera del alcance judicial. Tras considerar el potencial conflicto de que García Ortiz decidiese sobre su suspensión, Hurtado derivó el caso a la Inspección Fiscal, que se declaró incompetente para tomar tal decisión.
