El Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad del desahucio de una pareja que residía de alquiler en un inmueble en Ibiza, por no abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de recogida de basuras, a pesar de que el contrato de arrendamiento no especificaba el monto anual de estos gastos.
Rechazando un recurso de casación de los arrendatarios, que impugnaban una decisión de la Audiencia Provincial de Mallorca, el Alto Tribunal ha dictaminado que deben abonar 1.006,72 euros por los años 2022 y 2023, correspondientes a los pagos pendientes del IBI y la tasa de basura, más los intereses acumulados.
Según el contrato, firmado el 19 de noviembre de 2020 con una renta de 1.200 euros mensuales, los arrendatarios se hacían cargo de los gastos del IBI, la comunidad de propietarios y las tasas de basura. Los inquilinos cumplieron con estos pagos durante 2021, pero interrumpieron los pagos en los años siguientes, argumentando la nulidad de la cláusula por no especificar las cantidades exactas en el contrato.
Un juzgado de primera instancia de Ibiza inicialmente favoreció a los inquilinos, declarando la cláusula nula al no detallar los importes. Sin embargo, este fallo fue revocado por la Audiencia Provincial de Mallorca, que respaldó el desahucio, decisión que luego fue ratificada por el Tribunal Supremo.
El Supremo aclaró que el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos no se aplica a gastos individualizables como el IBI y la tasa de basura, que recaen directamente sobre la propiedad arrendada. Enfatiza que estos gastos no necesitan ser especificados en el contrato para ser exigibles, y recuerda que la Ley Reguladora de Haciendas Locales designa a los inquilinos como sujetos pasivos de la tasa de recogida de residuos, al ser quienes se benefician del servicio.