Leopoldo Puente, magistrado encargado del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo, ha decidido segmentar las investigaciones para focalizarse en una trama específica de presuntos cobros de comisiones por adjudicaciones de obra pública, sin dejar de lado otras pesquisas relacionadas con irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la crisis sanitaria.
En un movimiento estratégico, el magistrado ha iniciado un expediente independiente para profundizar en los supuestos amaños en la adjudicación de obras públicas, manteniendo como imputados al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el intermediario Víctor de Aldama y los empresarios José Ruz, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Merino y Joseba Antxon Alonso.
Leopoldo Puente ha separado esta investigación del resto del caso, indicando que la instrucción principal está bastante avanzada. Esta se centra en aspectos no relacionados con la obra pública, como los contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión, asociada a De Aldama, para la compra de mascarillas en el contexto de la pandemia.
“HABRÁ AMPLIACIÓN”