Este lunes, el juez del caso Koldo en el Tribunal Supremo continuará con las indagaciones a empresarios acusados, incluyendo al propietario de Servinabar y un exdirectivo de Acciona, por supuestamente pagar comisiones a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y a Koldo García, su antiguo asesor, a cambio de contratos de obras públicas.
A las 10.00 horas, el juez Leopoldo Puente ha convocado a Joseba Antxón Alonso, administrador único de Servinabar, y a Fernando Merino, exdirectivo de Acciona en Navarra.
El juez acusó a varios empresarios, incluido Cerdán, al concluir que podrían haber participado en la adjudicación indebida de obras a sus empresas mediante pagos que Ábalos, por su inmunidad parlamentaria, obliga al Supremo a investigar en conjunto con la Audiencia Nacional.
Puente tomó la decisión de investigar a Alonso, Merino, José Ruz y los hermanos Daniel y Antonio Fernández Menéndez tras estudiar un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desveló una presunta red de corrupción en torno a Cerdán, Ábalos y Koldo, basada en las grabaciones de conversaciones realizadas por el exasesor desde 2019 hasta 2023.
EL CONTRATO PRIVADO DE SERVINABAR
En el registro de la casa de Alonso, se encontró un contrato de compraventa en el que Cerdán se comprometía a comprar 1.350 participaciones de Servinabar por 6.000 euros. Este documento estaba firmado por el exdiputado y Alonso, y sellado por la empresa. Aunque Cerdán reconoció haber firmado, insistió en que el contrato no tiene validez legal ni se completó el pago.
Cerdán también mencionó su fuerte relación con Alonso desde 2011, describiéndolo como clave en las negociaciones políticas con el PNV y EH Bildu. Sin embargo, negó cualquier relación con Servinabar, más allá de este contrato, que resultó ser una oferta de asociación tras una derrota electoral del PSOE, oferta que finalmente rechazó.
La relación entre Servinabar y Acciona se evidenciaba en varios documentos, incluyendo la formación de una UTE que logró concesiones como la del túnel de Belate por 76 millones de euros. Este y otros contratos han llevado al Supremo a requerir extensa documentación sobre las obras adjudicadas a Acciona, las cuales ascienden a 537 millones de euros en varias regiones de España.
Las próximas declaraciones de Alonso y Merino ocurren tras la negativa de otros empresarios a las acusaciones de corrupción, con medidas cautelares impuestas por el juez que incluyen comparecencias periódicas y la prohibición de salida del país para algunos.