El Tribunal Supremo sospecha que el fraude en contratos públicos podría ascender a 5 millones de euros

El juez del Tribunal Supremo, encargado de la causa este lunes, ha ordenado el encarcelamiento del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aludiendo a que «más personas, físicas o jurídicas», además de los ya mencionados, como el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, «pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones» en contratos de obra pública, estimando el «botín» de estos arreglos en 5 millones de euros.

Según el auto, que ha sido revisado por Europa Press, el magistrado Leopoldo Puente ha decidido prisión provisional y sin fianza para Cerdán, señalándolo como el responsable de solicitar a las «constructoras indebidamente favorecidas por» las obras «adjudicadas las cantidades adeudadas» y su posterior distribución entre los implicados.

El fiscal instructor considera que «el botín indiciariamente obtenido por o comprometido para Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas».

«Si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera sido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones –porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes– dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García», refiere el documento.

El auto también indica que «el total de las obras adjudicadas a la mercantil Acciona Construcción, en el marco de las licitadas a través de organismos dependientes del Ministerio de Transportes, importaba una suma muy próxima a los quinientos cincuenta millones de euros (concretamente, salvo error u omisión, 537.271.005 de euros)».

«Eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento», concluye el magistrado, reforzando la posibilidad de que otros individuos o entidades «pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones».