La Audiencia Nacional ha emitido la primera sentencia por parte de tribunales españoles en un caso investigado por la Fiscalía Europea (EPPO), imponiendo un año de prisión y una multa de tres millones de euros a dos representantes legales de una compañía por un fraude que ascendió a 3,8 millones de euros en subvenciones agrícolas.
Según informó la EPPO este viernes, el fallo del Juzgado Central de lo Penal también condena a la empresa con la misma sanción económica, le prohíbe recibir subvenciones o fondos públicos durante tres años y la obliga a devolver dos millones de euros de fondos conseguidos de manera ilícita, sobre los cuales ‘los directores fueron declarados responsables solidarios’.
La EPPO reveló que en 2018, la empresa solicitó y recibió una subvención del Fondo Español de Garantía Agraria (FEAG) para mejorar sus infraestructuras para la producción de frutas y hortalizas.
Además, los imputados gestionaron un préstamo con el Instituto Catalán de Finanzas y con la Dirección General de Industria, ‘en claro incumplimiento de las bases de la subvención, que establecían que la financiación era incompatible con otras ayudas’.
La Fiscalía Europea destacó que esta es la primera decisión judicial tras un juicio en un caso investigado por la EPPO en España, que ‘se suma a otras condenas previas obtenidas mediante acuerdos de conformidad’.