El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido a la Diputación Provincial de Almería que detalle las acciones realizadas tras la orden de publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 17 de septiembre, la normativa urbanística modificada del paraje de El Algarrobico, con el objetivo de clasificarlo finalmente como no urbanizable.
La Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada busca esclarecer el proceso seguido para efectuar este trámite y asegurar la ejecución de la sentencia confirmada por el Tribunal Supremo en 2018, que busca restaurar el nivel de protección original a los sectores ST-1 y ST-2, este último perteneciente a El Canillar, después de que la Junta solicitara una enmienda a la publicación por considerarla incompleta.
Mediante una providencia emitida el 5 de noviembre, y según informaciones de Europa Press, se ha instruido enviar un oficio a la entidad provincial para informar de los procedimientos seguidos para la publicación del PGOU, aprobado en julio, corrección que fue objetada por la Junta de Andalucía al faltar “el articulado íntegro de las normas urbanísticas”.
Además, se ha pedido que se envíe “toda la documentación que se relacione con el contenido del informe” en un plazo de 15 días.
Esta solicitud se produce tras la petición hecha al Ayuntamiento de Carboneras el 15 de octubre para que rectifique el anuncio, permitiendo que la normativa urbanística tenga plena efectividad, siguiendo las advertencias de la Junta, aunque no se han realizado nuevas publicaciones después del plazo otorgado.
La Junta señaló que la publicación del 17 de septiembre “se contrae y limita a indicar que tanto el certificado del acuerdo plenario como la documentación técnica del expediente están disponibles para su consulta en una serie de enlaces que remiten a la sede electrónica del Ayuntamiento de Carboneras”, lo que resultó insuficiente.
EN BUSCA DE SECRETARIA
Por otro lado, el TSJA ha comunicado a las partes involucradas en el proceso de revisión de la licencia del hotel las alegaciones del Ayuntamiento de Carboneras sobre la falta de una secretaria para avanzar en el expediente, otorgando diez días para que se pronuncien al respecto.
El Ayuntamiento ha expuesto la dificultad para cubrir el puesto de secretario tras la solicitud del TSJA de información sobre las medidas tomadas para cumplir con la sentencia judicial que obliga a revisar de oficio el permiso municipal otorgado en enero de 2003, que presenta “vicios de nulidad”.
El tribunal le otorgó cinco días al Ayuntamiento para que detallara las acciones realizadas en los últimos cuatro meses al respecto y, “en especial” si se ha remitido el expediente al Consejo Consultivo de Andalucía tras concluir el plazo de audiencia a las partes.
Ante esto, el Ayuntamiento ha presentado documentación que evidencia la falta de secretaria y los procedimientos administrativos iniciados para cubrir la vacante, así como el concurso unitario abierto para las plazas de secretario, interventor y tesorero.
Asimismo, ha informado de la asistencia jurídica solicitada a la Diputación de Almería, y su posterior denegación, para responder al escrito de oposición al expediente que formuló Azata del Sol en los días siguientes a la aprobación en pleno del inicio del expediente para revisar la licencia del hotel. Se adjuntó también el certificado del acuerdo de pleno mencionado.
Con todo, el alcalde ha reafirmado su compromiso de cumplir “con su obligación constitucional de cumplimiento de las sentencias y demás resoluciones judiciales firmes” y de “prestar toda la colaboración requerida”.
Esta situación no convence a Greenpeace, que ha solicitado al tribunal que imponga multas periódicas al alcalde por una presunta intención de dejar “caducar” el expediente iniciado.
El grupo ecologista recordó que el Consejo Consultivo de Andalucía tiene un plazo de 30 días para emitir un dictamen una vez solicitado por el Ayuntamiento de Carboneras, aunque ya han pasado más de tres meses de los seis que tiene de plazo el Consistorio para resolver el expediente. “Es muy difícil que lo pueda finalizar antes del 11 de enero de 2026”, han indicado.
Desde la Junta de Andalucía también se ha criticado al Ayuntamiento por emplear “prácticas dilatorias” en el trámite de revisión de oficio de la licencia, instando al tribunal a intervenir para que se lleve a cabo la “debida ejecución” del fallo que, con la nulidad del permiso, podría acelerar la demolición del hotel.