La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado íntegramente la pena de 31 años de prisión dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra un hombre de origen marroquí, en situación administrativa irregular en Canarias, por propinar una paliza extrema, agredir sexualmente y robar a una mujer en un inmueble de Santa Cruz de Tenerife durante la Navidad de 2022.
La resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press y que rechaza el recurso de apelación de la defensa, niega que los hechos puedan reducirse a una sola agresión sexual, tal y como alegaba el condenado, puesto que en las grabaciones de las cámaras de seguridad se aprecian hasta tres ataques de carácter sexual.
El tribunal tampoco acepta la petición de aplicar la atenuante de drogadicción o consumo de alcohol. Señala que “el hecho de ser consumidor de drogas no implica la afectación de las mismas en la conducta del delincuente”, que no se ha acreditado que sea toxicómano por cocaína y que los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el caso no observaron signos compatibles con ese consumo.
En la misma línea, la Sala descarta que existiera una embriaguez relevante, subrayando que el acusado preparó el ataque y mantuvo “en todo momento” el dominio de la situación, lo que a juicio de los magistrados es incompatible con una merma apreciable de sus facultades.
Asimismo, el TSJC no otorga valor atenuante a la admisión de los hechos, dado que las pruebas recabadas son “claramente abrumadoras” y “nada aporta” que el procesado se reconociera como la persona que aparece en las imágenes de videovigilancia.
La sentencia declara probado que el joven, de 24 años, que había llegado a Canarias en patera por Lanzarote y se alojaba en el centro de acogida de migrantes de Las Raíces, abordó a la víctima, de 59 años, cuando se disponía a entrar a su trabajo alrededor de las 06.30 horas en el ‘Edificio Olympo’, en pleno centro de Santa Cruz.
El acusado la siguió por los pasillos hasta asegurarse de que se encontraba sola y, en el momento en que la mujer levantó la reja eléctrica del local situado en la primera planta, se abalanzó sobre ella, la empujó hacia el interior de la oficina y le arrebató las llaves para impedir cualquier vía de huida.
Durante el asalto, el agresor descargó sobre la víctima una “paliza brutal”, con repetidos golpes con la mano abierta, puñetazos, empujones contra el mobiliario, fuertes agarrones, zarandeos, tirones de pelo, patadas e incluso intentos de estrangulamiento.
El castigo físico se prolongó más de diez minutos, con una violencia descrita como “feroz, cruel y desproporcionada, incluso para el fin que pretendía de someter a la víctima a su voluntad y de agredirla sexualmente”.
Posteriormente, mientras la agredía sexualmente, continuó golpeándola y presionándole el cuello hasta dificultarle la respiración, lo que llevó a la mujer, exhausta y aterrorizada ante la posibilidad de que la matara, a dejar de oponer resistencia física.
Tras consumar la primera agresión, el hombre la mantuvo retenida en la oficina. La víctima intentó escapar, pero no lo consiguió y fue nuevamente atacada, tanto de forma física como sexual, hasta que el agresor decidió abandonar el lugar aproximadamente una hora y media después. Antes de irse, le sustrajo 30 euros, las llaves del local y los zapatos.
El condenado la amenazó de muerte si contaba lo sucedido. Finalmente fue arrestado por la Policía Nacional sobre las 08.30 horas, cuando se disponía a tomar el tranvía para regresar al centro de Las Raíces, después de que la mujer, en estado de shock y gravemente lesionada, lograra avisar por teléfono a su marido y al propietario de la empresa.
Unos diez minutos después de que el agresor abandonara el edificio, fue el conserje quien encontró a la víctima.
La mujer necesitó seis meses para la curación y estabilización de las lesiones, aunque no requirió ingreso hospitalario ni presentaba daños físicos genitales o anales derivados de los hechos. No obstante, contrajo sífilis y hepatitis, patologías que se prolongaron hasta mayo de 2023.
Secuelas psicológicas graves e incapacidad permanente
Como consecuencia de la agresión, la víctima sufre un cuadro ansioso-depresivo y un trastorno de estrés postraumático, con episodios de pánico, sensación de indefensión, vértigos, síntomas de reexperimentación, reacciones vivenciales intensas, fuerte malestar psicológico, sentimientos de culpa, baja autoestima, conductas de evitación, inestabilidad emocional, infravaloración, dificultades de concentración, alteraciones del sueño, tristeza, pérdida de interés por las actividades habituales, somatizaciones y un impacto profundo en su vida personal, familiar, social y laboral.
Por todo ello continúa bajo tratamiento psiquiátrico y se le ha reconocido una incapacidad laboral permanente.
En la sentencia original, la Audiencia Provincial destacó la “violencia desmedida” y las condiciones “especialmente vejatorias y degradantes” en las que se produjeron los tres ataques —incluida la circunstancia de que obligara a la víctima a ayudarle a vestirse y tratara de darle un beso de despedida—, extremos que quedan corroborados por las cámaras de seguridad del edificio, que registraron parte de las agresiones.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá abonar a la mujer 25.000 euros por las lesiones sufridas y otros 50.000 euros por las secuelas y los daños morales. Además, tras cumplir la pena de prisión, tendrá que someterse a un periodo de diez años de libertad vigilada.