QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), bajo la dirección de su presidente, Manuel Baeza, ha implementado un protocolo de actuación judicial frente a emergencias como la dana que devastó Valencia el 29 de octubre del año anterior.
Este protocolo, compuesto por diez puntos y una cláusula final, establece pautas de acción organizativa, procesal y administrativa, con el fin de ‘garantizar la continuidad del servicio público de Justicia, la seguridad de las personas y la coordinación con las distintas autoridades’ en situaciones de crisis como inundaciones, terremotos, incendios y otras catástrofes.
Denominado ‘Protocolo de gestión de situaciones de crisis que afecten al ámbito judicial de la Comunidad Valenciana’, se alinea con el Protocolo de Grandes Catástrofes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 2011 y está preparado para futuras actualizaciones.
La Sala de Gobierno ha decidido compartir el protocolo con los colegios de procuradores, abogados y graduados sociales para recibir sus comentarios y sugerencias de mejora. Los dos primeros puntos del documento establecen su propósito, ámbito de aplicación y los escenarios de crisis aplicables. La autoridad para tomar decisiones en emergencias recae en el presidente del TSJCV, los presidentes de las Audiencias Provinciales y los de los Tribunales de Instancia, según la última reforma legal.
SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y MEDIDAS PROVISIONALES
En caso de emergencia, la Sala de Gobierno puede adoptar o confirmar medidas necesarias, proponiendo al CGPJ la suspensión de plazos procesales o la modificación de normas operativas dentro de las 48 horas siguientes, así como medidas urgentes que se comunicarán ‘de inmediato’ al CGPJ para su aprobación.
El protocolo también especifica que la información debe ser ‘clara y continua’ y se difundirá públicamente a través de la Oficina de Comunicación del TSJCV como ‘cauce único oficial’. Además, el protocolo contempla la posibilidad de ajustar la asistencia a las actuaciones judiciales programadas según las circunstancias, asegurando flexibilidad en su realización.
Otras disposiciones incluyen la organización del servicio de guardia, el refuerzo de jueces, la disponibilidad de funcionarios y la coordinación con el CGPJ y la Conselleria para medidas como el teletrabajo o la reorganización de turnos.
Una comisión operativa reducida podría formarse en situaciones de ‘extrema urgencia’ para agilizar las decisiones. El protocolo también prevé establecer un teléfono de emergencia y otros canales de comunicación con colegios profesionales y otros entes implicados.
Finalmente, el documento subraya la necesidad de una comunicación directa y eficiente con la Administración autonómica para manejar cualquier circunstancia que pueda complicar seriamente la actividad judicial en la región.
Una disposición adicional menciona la implementación de un sistema de mejora continua, invitando a colegios profesionales a contribuir con observaciones y sugerencias para optimizar el protocolo.
