La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que la red de fraude vinculada al negocio de los hidrocarburos, investigada por la Audiencia Nacional y en la que figura como investigado Víctor de Aldama, habría destinado alrededor de un millón de euros a tratar de influir en el empresario, en el exministro José Luis Ábalos y en su antiguo asesor Koldo García.
Así se desprende del último informe remitido por el Instituto Armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso Europa Press. Los investigadores sostienen que “la organización criminal dirigida por Claudio Rivas dispuso” de esa suma para sufragar diversas “contraprestaciones económicas ilícitas”.
De ese millón de euros, 585.000 euros se habrían empleado en la adquisición de un chalet “previamente elegido” por Ábalos en la urbanización de La Alcaidesa, en Cádiz. Según el documento, “el ministro dispuso materialmente de la vivienda, la disfrutó e incluso intentó su aprovechamiento económico, todo ello bajo la cobertura formal de un contrato de arrendamiento instrumentalizado cuyas cuotas no fueron satisfechas, con excepción de la primera mensualidad y la fianza”.
La operación de compra del inmueble “se produjo tras un proceso de búsqueda y selección de una propiedad que se adecuara a las preferencias personales del ministro, proceso en el que intervino activamente su asesor Koldo García”, quien habría intercambiado con Ábalos distintos anuncios de viviendas antes de cerrar la elección.
Fue en fechas coincidentes con la segunda reunión de los supuestos cabecillas de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo “cuando Koldo reenvió a De Aldama el enlace a la oferta de venta de La Alcaidesa, evidenciando que fue la que eligió el ministro”.
La casa de La Alcaidesa y la autorización de operador mayorista
De acuerdo con la UCO, De Aldama actuó “como intermediario entre el ministro y la organización criminal”, encargándose de “las gestiones necesarias para la adquisición” del chalet. “El 17 de junio de 2021, Claudio Rivas, estando convencido de que obtendrían la autorización de operador mayorista, puso a disposición del ministro la referida propiedad”, recogen los agentes.
La Guardia Civil subraya que “la correlación entre la compra de la casa y la firme convicción, por parte de los integrantes de la organización criminal, de que obtendrían la autorización de operador mayorista, fue percibida en su entorno como una relación directa de causa causa-efecto”. Esa percepción quedó reflejada en una conversación incorporada al informe.
“Hijo puta el putero. Ha sido pillar la casa y le ha dado al botoncito”, llegó a manifestar la empresaria Leonor González a su pareja Natán González. A juicio de los investigadores, “los interlocutores atribuían la concesión de la autorización a la compra previa de la vivienda pretendida por el ministro”.
La UCO sitúa la estancia de Ábalos en el chalet entre julio y noviembre de 2021. Dos meses después de su cese como ministro y “ante la falta de concesión de la autorización pretendida, Claudio Rivas ordenó a su abogado la redacción de una demanda de resolución de contrato de arrendamiento, de desahucio y de reclamación de rentas”.
Pagos a De Aldama para mediar con el exministro
Otra parte del millón investigado habría ido a parar a Víctor de Aldama, quien “percibió 292.416,66 euros procedentes de la mercantil Have Got Time”, la misma sociedad que formalizó la compra del chalet de Ábalos y que estaba controlada por Rivas. Según el informe, se trató de un “pago por su intermediación con el ministro en favor de los intereses de la presunta organización criminal, de la cual acabaría formando parte”.
Ese importe se abonó en varios tramos. En junio de 2021, cinco días después de firmarse la escritura del inmueble, De Aldama recibió 181.500 euros. Un mes más tarde ingresó otros 110.916,66 euros. En ambos casos, los pagos se encubrieron mediante un contrato de prestación de servicios entre Have Got Time y una empresa vinculada a De Aldama.
La UCO añade que, una vez integrado en la estructura criminal, De Aldama llegó a percibir un total de 925.036,95 euros.
Los agentes recuerdan además que, antes de esos cobros, en diciembre de 2020 y en la víspera de la primera reunión de la trama en el Ministerio de Industria y Turismo, De Aldama habría recibido 5.000 euros. La empresaria investigada por la Audiencia Nacional María del Carmen Pano le habría entregado esa suma “para activar la influencia” del empresario.
Contratos y pagos a Koldo García
El informe también detalla los beneficios obtenidos por Koldo García, que “si bien demorado en el tiempo, fue beneficiado de un contrato de trabajo instrumentalizado por una mercantil administrada” por Manuel Salles y “vinculada a Claudio Rivas”. “Dicha contratación, bajo la apariencia de un puesto de consultor en seguridad y sobre el que no hay constancia de prestación efectiva de servicios, consta acreditado desde el 27 de enero de 2022”, precisa la UCO.
La Guardia Civil concreta que el exasesor de Ábalos cobró en marzo de 2022 una nómina de 1.950,50 euros. Seis días después recibió otros 5.000 euros en concepto de anticipo. El documento apunta que “la influencia del ministro se materializó en las reuniones y conversadores mantenidas por Koldo García con distintos responsables ministeriales”.
Según el análisis de los investigadores, todos estos desembolsos perseguían “obtener para Villafuel la autorización como operador mayorista de hidrocarburos, eludiendo la obligación de justificar, mediante la declaración responsable, la capitalización de la empresa con los tres millones de euros de fondos propios exigidos normativamente”.