Diversas operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están eclipsando el último Pleno del Congreso de los Diputados del año. Se han practicado 19 registros en diferentes provincias y en compañías relacionadas con Servinabar, dentro de la investigación por supuestas irregularidades en contratos públicos que se sigue en la Audiencia Nacional y en la que el miércoles fueron detenidos la exmilitante del PSOE Leire Díez, el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández y, según se ha sabido este jueves, Antxon Alonso, dueño de Servinabar y socio de Santos Cerdán.
Los registros de la UCO se han llevado a cabo en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Pamplona. Tanto las entradas como las antecitadas detenciones se enmarcan en una operación abierta y bajo secreto de sumario que desarrolla la UCO por orden de la Audiencia Nacional, dentro de un procedimiento impulsado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, y en el que interviene igualmente la Fiscalía Anticorrupción.
Fuentes del caso indican que los agentes han registrado las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Los investigadores se han personado también en la SEPI, en Mercasa, en Conaudure y en Enusa, donde han requerido información.
A disposición judicial
Los arrestados pasarán a disposición judicial este sábado a partir de las 10.00 horas ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que decidirá si los deja en libertad o los envía a prisión provisional tras tomarles declaración, con o sin la imposición de medidas cautelares.
¿Qué se investiga?
Las pesquisas de la UCO se centran en presuntos amaños y adjudicaciones irregulares de contratos públicos en los que determinadas empresas podrían haber obtenido ventajas indebidas, presuntamente facilitadas por contactos e influencias políticas.
Los principales delitos que están siendo objeto de investigación son:
- Fraude en la contratación pública
- Falsedad documental
- Malversación de caudales públicos
- Tráfico de influencias
- Prevaricación administrativa
Los registros de este jueves buscan documentación, correos y otros soportes probatorios que puedan confirmar vínculos entre los arrestados y la adjudicación de contratos de obras y servicios públicos. La operación, de momento, no prevé nuevas detenciones en esta fase, aseguraron fuentes policiales.
El quién es quién de los detenidos
Leire Díez
Leire Díez es una exmilitante del PSOE y figura central de las investigaciones. Según fuentes judiciales y policiales, Díez fue detenida por la UCO en Madrid el pasado miércoles y está siendo investigada por su presunta implicación en una trama para influir en adjudicaciones públicas y favorecer intereses privados.
La causa que involucra a Díez abarca delitos graves como fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación, todos ellos en relación con adjudicaciones de obras públicas.
Además, Díez también ha enfrentado investigaciones previas sobre supuesta conspiración para desacreditar a miembros de la UCO y fiscales anticorrupción, aunque esos procedimientos son distintos del foco principal de esta operación.
El PSOE ha aclarado públicamente que Díez ya no es militante del partido desde hace meses y ha instado al respeto del proceso judicial.
Vicente Fernández
Vicente Fernández es otro de los detenidos en esta operación. Fue presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre 2018 y 2019 y, tras su paso por el cargo público, trabajó como asesor para Servinabar, la empresa en el centro de la investigación.
Durante ese asesoramiento, Fernández llegó a percibir pagos importantes por sus servicios, lo que para los investigadores pone de relieve una posible relación entre su actividad pública anterior y los intereses privados de la empresa.
Antxon Alonso y Servinabar
La última detención conocida es la de Antxon Alonso, empresario y propietario de Servinabar, firma clave en esta causa. La UCO le ha arrestado en Vizcaya y su implicación se entiende en el marco de la presunta trama de adjudicaciones irregulares.
Servinabar ha sido identificada por la Guardia Civil como empresa vinculada a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a través de diferentes relaciones societarias y actividad empresarial.
Según informes previos de la propia UCO que han trascendido en otros procedimientos, Alonso negó en otras investigaciones haber pagado comisiones y sostuvo que Cerdán no llegó a ser socio efectivo, aunque sí firmó un documento que lo vinculaba con la empresa.
Santos Cerdán
Aunque no ha sido detenido en esta operación, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y figura relevante del partido hasta el pasado verano, aparece vinculado por los investigadores a través de Servinabar. Según fuentes judiciales que han trascendido en otros procedimientos, la empresa habría funcionado como un “eslabón intermedio” para canalizar beneficios relacionados con adjudicaciones públicas.
Cerdán salió de prisión el pasado 19 de noviembre tras cinco meses en Soto del Real por su presunto rol en el marco del caso Koldo. El juez consideró que se ha mitigado “seriamente” el riesgo de destrucción de pruebas.
El exsocialista insiste en que no ha participado en actividades delictivas. “Confío en que la verdad se imponga”, aseveró a su salida de la cárcel. Asegura que no ha recibido ventajas por su vinculación con la empresa, aunque la investigación de la UCO continuó y dio pie a la actual operación.