“Lo de menos es el cambiazo del ataúd, lo verdaderamente grave es que trataran a los cadáveres como sacos de patatas”, ha manifestado este lunes en público Jorge Manuel M., uno de los numerosos afectados por el denominado 'caso ataúdes'. En el banquillo se sientan 23 acusados, entre directivos y empleados del grupo funerario El Salvador, a quienes se les atribuye la reutilización de féretros y arreglos florales en distintos sepelios.
Tras el paréntesis de Semana Santa, la vista oral que se celebra en la Audiencia de Valladolid se ha retomado con la declaración de una veintena de perjudicados. Todos ellos han relatado que contrataron los servicios de la funeraria, en ocasiones por decisión propia y en otras porque así lo imponía la póliza, convencidos de que sus familiares serían tratados con respeto y de que estaban en manos de gente “profesional”.
Sin embargo, la realidad, según coinciden los testigos, fue muy distinta. Entre ellos figura Jorge Manuel M, cuyo padre murió en enero de 2006. El velatorio tuvo lugar en Medina del Campo y, al no disponer allí de horno crematorio, el cuerpo fue llevado al Cementerio de Santovenia de Pisuerga.
Más tarde, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha contado el impacto que sufrió al enterarse por el juzgado de que figuraba entre los afectados. “Me tuve que sentar porque me dio un mareo”, ha recordado. Insiste en que el supuesto cambiazo del féretro de su padre le resulta “secundario” y que lo que considera verdaderamente grave es que los acusados habrían tratado a sus seres queridos como “sacos de patatas”.
“Indignación”, “impotencia”, “rabia”, “profundo dolor”, “Incredulidad”... son algunos de los términos que se han repetido en las intervenciones de otros familiares de fallecidos que recurrieron a la misma empresa funeraria. Ninguno de ellos presenció el momento de la incineración.
Varios han explicado que no estuvieron presentes en la cremación porque no quisieron, mientras que otros aseguran que los trabajadores se lo impidieron. “Nos dijeron que era algo muy desagradable”, ha señalado Sonia María G al rememorar la cremación de su padre, muerto el 16 de abril de 2009, y el golpe que supuso enterarse por la radio de que era una de las afectadas por la presunta estafa. “Todos tenemos padre y madre...no sé como han podido hacer esto con ellos y acabar con su dignidad”, ha censurado.
También han declarado Casimiro V, Manuel G.C. y Alberto L. para exponer los casos de su madre, padre y esposa, fallecidos el 11 de abril de 2014, el 19 de febrero de 2009 y el 28 de febrero de 2013, respectivamente. Los tres han mostrado su profundo malestar por el trato dispensado a sus difuntos.
Manuel G.C. ha descrito los hechos como algo “horrible, repugnante”. Asegura que cuando un familiar abogado le informó de lo sucedido y le aconsejó personarse en la causa, no alcanzaba a comprender lo que le estaba contando. “Con lo que ya ganan, que encima manipularan los cadáveres, no tiene nombre y el daño es irreparable”, ha lamentado.
Para Casimiro V, lo más doloroso es que sacaran a su padre del ataúd por el que había pagado y que esa misma caja se empleara después para otro difunto. “Pero además, es que no sé qué hicieron mientras tanto con su cuerpo”, ha añadido visiblemente afectado. A su vez, María Nieves P. ha explicado que, tras destaparse la 'Operación Ignis', le enseñaron una fotografía como posible perjudicada y comprobó que el féretro en el que aparecía su marido no coincidía con el que habían contratado.
Críticas al trato recibido por los fallecidos
Otro de los perjudicados, Alberto L, ha relatado el caso de su esposa, fallecida en el Río Hortega, “que con lo que pasó en vida la pobre no se merecía el trato recibido” después de muerta. Ha recordado que en su momento le ofrecieron ver unas imágenes, pero prefirió evitar ese mal trago y finalmente fueron sus hijos quienes las vieron. De lo que sí se acuerda es de que, durante el velatorio, se quejó al observar con sorpresa que ni siquiera habían peinado a su mujer.
Los testimonios se han ido sucediendo a lo largo de la mañana con un denominador común. A todos se les ha preguntado qué sintieron al conocer lo ocurrido, como en el caso de Olga S, cuya madre falleció en el verano de 2014. “El sentimiento es indescriptible, no hay palabras para resumir la barbaridad cometida aprovechando la vulnerabilidad en la que se encuentran las familias afectadas”.
Imágenes impactantes y macrojuicio en marcha
Igualmente conmovedora ha sido la declaración de María C.M, que acudió a la funeraria El Salvador tras la muerte de su marido el 11 de octubre de 2013. Ha explicado que la pérdida fue “muy duro de digerir” por las circunstancias del fallecimiento, pero que todo empeoró cuando la policía le mostró unas fotografías en las que aparecía su esposo “tirado en el suelo y con un cartón con su nombre y la fecha de fallecimiento”. La mujer, enfermera de cuidados paliativos, ha roto a llorar al recordarlo.
El calendario del juicio prevé que el martes y el miércoles comparezca un número similar de afectados, unos veinte por sesión, y que la misma dinámica se mantenga durante las tres vistas de la próxima semana. De este modo, en los próximos quince días se espera la declaración de cerca de 120 perjudicados propuestos por la acusación pública y las dos acusaciones particulares personadas.
De forma provisional, la Fiscalía de Valladolid reclama penas que en conjunto superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos.
Han quedado fuera del procedimiento, por fallecimiento, el patriarca y dueño del negocio, Ignacio Morchón Alonso, y el que fuera trabajador del grupo y principal testigo, Justo Martín, quien durante años fue anotando en libretas la supuesta actividad delictiva.