El miedo a que el grupo funerario El Salvador hubiera llevado a cabo cremaciones colectivas ha llegado este miércoles a la sala de vistas de la Audiencia de Valladolid de la mano de uno de los perjudicados por el 'caso ataúdes'. El testigo, Juan Pablo del M, ha explicado que aún hoy no tiene la seguridad de que las cenizas que conserva correspondan íntegramente a su padre.
Su comparecencia se ha producido en una jornada en la que han declarado casi una veintena de afectados. Juan Pablo ha relatado los servicios funerarios que contrató con la empresa para los sepelios de su padre, fallecido el 3 de junio de 2009, y de su madre, muerta el 4 de octubre de 2012. Los velatorios tuvieron lugar en el tanatorio del Camino del Cementerio y posteriormente ambos cuerpos fueron incinerados en Santovenia.
El perjudicado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que en el entierro de su padre le sorprendió el pésimo estado de las flores, hasta el punto de que su esposa tuvo que salir a comprar una corona nueva. Años después, su hermano recibió una notificación judicial en la que se les incluía entre los afectados por el 'caso ataúdes'.
En su intervención, Juan Pablo ha tildado la actuación de los acusados de "execrable, una profanación" y ha compartido con el tribunal las dudas que le atormentan desde entonces. "Todo lo ocurrido me hace dudar sobre con qué respeto manejaron los cuerpos, quién me dice que no hacían cremaciones colectivas y quién me asegura que no tengo mitad de cuarto de mi padre y mitad de cuarto de otra persona", ha manifestado.
Inquietudes similares ha expresado Sheila R.C, hija de María del Carmen, fallecida el 28 de marzo de 2004. Ha contado que ya al recibir la urna, tras la incineración de su madre, empezó a sospechar. La mujer, que ha necesitado tratamiento psicológico a raíz del escándalo, ha descrito que las cenizas de su progenitora eran de aspecto "tabaco", muy distintas de las que recogió en su día tras la cremación de su abuelo, que parecían "polvo".
También María Jesús T. ha tenido que recibir ayuda profesional después de saber que figuraba entre las damnificadas por la incineración de su madre, María Teresa, fallecida el 21 de diciembre de 2009. Ha explicado que conocer cómo pudo ser tratado el cuerpo de su progenitora ha supuesto para ella "el sentimiento más crudo de su vida. Se te parte el alma, no hay palabras", ha declarado entre sollozos.
Otra afectada, Eva María G.M, recurrió a los servicios del grupo para despedir a su madre y a su padre, muertos en 2011 y 2013. Ha recordado con pesar el instante en el que besó el féretro de su madre y colocó una rosa que se marchitó en cuestión de segundos. "¡Jolín, pensé entonces: qué gesto más feo!", ha relatado, antes de calificar a los procesados de "sinvergüenzas".
Relatos de dolor y sensación de engaño
Eva María ha relatado que "mi madre murió de un cáncer cerebral, y apenas salimos de su duelo mi padre murió dos años después. Ambos se merecían una despedida digna, no se merecían que les hicieran eso por un puñado de euros. Mis padres no eran mercancía, mi madre no era un lechazo para meter al horno y mi padre no era un pollo", ha recriminado, subrayando que acudir al juicio supone "reabrir la herida".
Entre las damnificadas figura también María Luisa P, que contrató los servicios de la funeraria investigada tras la muerte de su tío Baudilio, el 14 de septiembre de 2011. Ha afirmado que, más allá de lo que sucediera con el ataúd contratado, lo que más le duele es la posible manipulación del cuerpo de su familiar, "al que quemaron sobre un palé como un pollo", ha imaginado, posiblemente "junto a otros muchos".
En el caso de Lucinia C, la mujer ha denunciado que el féretro utilizado para la incineración de su marido, fallecido el 5 de octubre de 2009, no coincidía con el que habían elegido. "Nos asustamos porque vimos que la caja no era la nuestra, estaba toda forrada de blanco", ha explicado. Ha añadido además que el personal les negó la posibilidad de presenciar la cremación alegando que era "muy desagradable".
Otra historia especialmente dura es la de María Pilar S.J, viuda de un hombre fallecido el 12 de febrero de 2010. Ha asegurado que el trato recibido fue "fatal desde el primer momento". Ha recordado que la esquela contenía errores "que no respondían a la realidad" y que, cuando la familia pidió sustituir las rosas rojas por rosas blancas, tal como habían solicitado, se encontraron inicialmente con la negativa de la empresa.
"Nos dijeron, de malas maneras, que mi marido no era un niño, aunque al final nos pusieron las rosas blancas", ha relatado indignada. Ese comportamiento la llevó a presentar una queja formal ante la funeraria y, posteriormente, ante el Obispado de Valladolid.
Durante la sesión, última de la semana antes de que el juicio se reanude el lunes con nuevas testificales, han declarado también otros afectados como Miguel Ángel H.M, Félix Antonio E.G, María del Carmen C, Eva María G.M, Raquel B.M, Oriol M.C. y María Begoña B.P. Esta última ha denunciado que los acusados "han jugado" con los difuntos.
La Fiscalía de Valladolid solicita de forma provisional penas que en conjunto superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y un delito contra el respeto debido a los difuntos.
Han quedado excluidos del procedimiento, por fallecimiento, el patriarca y propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador del grupo y principal testigo, Justo Martín, quien durante años fue registrando en libretas la supuesta actividad delictiva.