La Audiencia de Valladolid ha celebrado este lunes una nueva sesión del juicio por el llamado ‘caso ataúdes’ que, al igual que la vista de la semana pasada, ha estado marcada por los testimonios de familiares de fallecidos que habrían sufrido, presuntamente, el intercambio de los féretros en el momento de la cremación. “Yo sólo quería ver la incineración de mi mujer pero me echaron de allí a empujones”, ha denunciado ante el tribunal José María R.C.
Este perjudicado ha sido uno de los ocho testigos que han declarado en esta jornada dentro del procedimiento conocido también como “Operación Ignis”. Todos ellos han coincidido en relatar el trance de dar el último adiós a sus seres queridos y la posterior contratación de los servicios del grupo funerario El Salvador, al que llegaron derivados por las aseguradoras con las que sus familiares tenían sus pólizas suscritas desde hacía años.
De forma prácticamente generalizada, los declarantes han explicado que el velatorio tuvo lugar en el tanatorio El Salvador entre 1999 y 2022 y que, posteriormente, los restos de sus padres, madres y, en dos ocasiones, de esposa y aya fueron trasladados al crematorio del cementerio de Santovenia. Ninguno de ellos pudo presenciar la cremación porque, según han contado, los trabajadores bajaban o corrían las cortinas en el momento clave.
El relato más sobrecogedor ha sido el de José María R.C, quien, según recoge Europa Press, ha comenzado advirtiendo que su voluntad hubiera sido no tener que sentarse en el banquillo de testigos para no revivir la muerte de su esposa, fallecida el 5 de enero de 2001. Ha recordado que cuando contrajeron matrimonio ella ya era consciente de que le quedaba poco tiempo de vida por una enfermedad terminal.
No obstante, su mujer vivió 17 años más, el último ingresada en el Clínico Universitario. “Como no sabía el tiempo que le quedaba, cada quince días le regalaba unas flores”, ha explicado el testigo, que ha añadido que por ese motivo su esposa le pidió en vida que no la llenaran de flores cuando muriera, porque ya había recibido muchas.
Tras el fallecimiento, y pese a ese deseo, un tío de la difunta apareció en el tanatorio con un ramo de doce rosas y el marido contrató el ataúd de mayor precio, el que después se trasladó al cementerio de Santovenia para su incineración. Sin embargo, José María R.C ha señalado que se le impidió estar presente en ese momento.
“Es algo que no se me ha borrado de la mente. Al indicar que quería presenciarlo, hubo gente allí que se puso muy nerviosa y no sé si me llegaron a echar a empujones. Fue algo muy desagradable, pero a la salida preferí no contárselo al resto de mi familia”, ha manifestado el testigo, que ha reiterado que no quería tener que declarar porque no ha superado lo ocurrido y continúa “muy afectado”.
La urna caliente y otros testimonios de los familiares
El mismo perjudicado ha relatado también su extrañeza cuando, al día siguiente de la cremación, el Día de Reyes, acudió a recoger la urna con las cenizas de su mujer y comprobó que aún estaba caliente, pese a que, en teoría, la incineración se había realizado el día anterior. “Me extrañe mucho y pensé: ¡Pero si la quemaron ayer!”, ha remarcado.
Durante la vista se han escuchado otros relatos similares, como el de María de los Ángeles A, cuyo padre murió en 1999 y su madre en 2012. En ambos casos recurrieron a la misma funeraria investigada. La testigo ha indicado que no pudo estar presente en ninguna de las dos cremaciones porque los empleados “corrieron las cortinas”, lo que habría facilitado el supuesto cambiazo de los féretros.
“Al conocer los hechos sentimos que nos habían robado la dignidad. Que hagan eso con los muertos y que existan fotos. Es terrible”, ha lamentado. A su queja se ha sumado después otro de los afectados, Carlos V, que también utilizó los servicios de la Funeraria El Salvador para despedir a su padre en enero de 2000 y se enteró posteriormente de la presunta estafa a través de la prensa.
Igualmente llamativo ha sido el caso de María Soledad C, que perdió a su madre en 2000 y a su padre en 2012. Esta testigo ha subrayado que le aseguraron que la incineración de su progenitor se hacía en el propio tanatorio El Salvador, pero más tarde supo que en 2012 el horno crematorio de esas instalaciones no estaba operativo, por lo que necesariamente la cremación tuvo que practicarse en el cementerio de Santovenia.
“Son momentos de mucho dolor y te crees todo lo que te dicen, no piensas en ningún momento que te van a estafar. Es doloroso perder a un ser querido pero no te imaginas que se va a cometer un ultraje de ese tipo”, ha señalado María Soledad, quien ha añadido que, una vez destapado el caso, fue citada desde el juzgado como posible perjudicada y llegó a ver el nombre de su padre en un listado e incluso unas fotos de él.
Imágenes impactantes y 23 acusados en el banquillo
Por la sala han pasado también Carmen del V, José L.L, Ana Isabel N. y María Henar S, todos con un relato en la misma línea. Esta última, cuya padre murió en 2003 víctima de un cáncer de estómago, ha confesado que inicialmente no pensaba personarse en la causa, pero cambió de opinión cuando fue citada por la Policía Nacional porque su caso era “muy evidente”, tal y como le trasladaron los agentes.
“Yo no podía hacer sufrir más a mi madre pero soy una persona que cree en las señales y me pareció que era una señal de mi padre”, ha explicado María Henar, que ha añadido que al dolor por la pérdida se suma que los acusados “ni siquiera respetaran, aún ya fallecido, la “dignidad” de su progenitor.
La perjudicada ha dejado claro que piensa llegar hasta el final contra los veintitrés acusados, entre ellos cuatro miembros de la familia Morchón, empleados del grupo funerario investigado y la empresa proveedora de ataúdes. Considera que con su padre se cometió un grave ultraje, y ha descrito que aparece en unas fotografías que ha visto “tirado en el suelo y en una postura imposible para un cuerpo humano”.
El juicio continuará este martes con nuevas declaraciones de personas afectadas. La Fiscalía mantiene su acusación contra 23 personas físicas, incluida la viuda y los tres hijos del fundador del grupo, para quienes reclama las penas más altas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios figuran las mercantiles Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.