Un hombre acusado de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, que se aprovechaba de la delicada situación económica y personal de varias mujeres sudamericanas para emplearlas en su empresa de limpieza y atención a personas mayores y dependientes, ha admitido ante la Fiscalía del Principado de Asturias los hechos que se le atribuían y ha aceptado penas que alcanzan los 8 años de cárcel. El acusado se encuentra en prisión provisional por esta causa desde el 26 de enero de 2024.
Su pareja sentimental también ha reconocido los hechos descritos por el Ministerio Fiscal. Para otras cinco procesadas en la causa, investigadas por pertenencia a grupo criminal o por favorecer la inmigración irregular, el Fiscal mantuvo su petición de condena con penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión.
La vista oral se desarrolló a lo largo de esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y quedó pendiente de sentencia.
En el momento de los hechos, el principal acusado figuraba como administrador único de una sociedad dedicada a servicios de limpieza y cuidado de personas mayores y dependientes. Además, dirigía un grupo que, a través de cuatro delegaciones de la empresa, se ocupaba de la captación y contratación de mujeres para cubrir los servicios ofrecidos por el negocio.
Las trabajadoras eran, en su mayoría, de origen sudamericano y habían abandonado su país por la precariedad económica, en busca de mejores oportunidades.
El empresario, junto con las responsables de esas sucursales, conocedores de la precaria situación económica y problemas familiares de estas mujeres, sin documentación y algunos casos en situación irregular en España, con escasas o nulas opciones de acceder al mercado laboral, les ofrecían trabajar en su negocio a cambio de sueldos por debajo de lo estipulado por convenio colectivo, con largas jornadas laborales, en ocasiones extenuantes, sin apenas descansos diarios, sin vacaciones, sin hacerles contrato en la mayoría de los casos y sin darles de alta en la Seguridad Social.
El ahora condenado a ocho años era quien asumía la última palabra en las decisiones, impartía órdenes y controlaba el funcionamiento de todas las sucursales, situadas en Gijón, Valladolid, Salamanca y Santander.
Para ello se desplazaba periódicamente a cada una de ellas, principalmente para entrevistarse con potenciales trabajadoras y efectuar los pagos que se realizaban, mayoritariamente, en mano y en efectivo.
El contrato que se firmaba entre el grupo mercantil y los clientes que acudían en búsqueda de empleadas para realizar trabajos como internas recogía como días libres para las trabajadoras los días festivos desde las 10.00 hasta las 22.00 horas, jueves y viernes de Semana Santa, Navidad y Año Nuevo. La empresa se comprometía a abonar la Seguridad Social de las trabajadoras y a sustituirlas durante las vacaciones. Igualmente tenían derecho a un descanso de dos horas diarias.
No obstante, en realidad, las trabajadoras eran presionadas para trabajar los días festivos por 50 euros al día, que en algunos casos eran reducidos a 40, bajo el apercibimiento de quitárselos de su sueldo en el caso de no acceder a desempeñar esta labor. Igualmente se conminaba a las víctimas a trabajar aunque estuvieran enfermas, procediendo -en caso contrario- a reducirles el sueldo en la parte proporcional no trabajada. Además, no las dejaban acudir solas al médico.
Las trabajadoras aceptaban estas condiciones debido a su situación administrativa, de la que se aprovechaban los investigados, su precaria situación económica, sus situaciones personales y familiares y el incentivo dado por el empresario de regularizar su situación administrativa en el país si eran buenas trabajadoras y permanecían en la empresa por un período determinado que solía ser de, al menos, dos años.