El marmolista y sepulturero Valeriano V.A. ha señalado al ya fallecido Ignacio Morchón Alonso, empresario al frente del grupo funerario El Salvador, como responsable de la supuesta trama de reutilización de féretros y coronas de flores de difuntos para posteriores servicios funerarios, y ha relatado que incluso llegó a entrevistarse con él para pedirle que pusiera fin a estas prácticas.
Su declaración ha tenido lugar en una nueva sesión del juicio por el 'caso ataúdes', celebrada este martes en la Audiencia de Valladolid. Allí, el testigo ha insistido en que lo que sucedía en la funeraria "lo sabía medio pueblo de Santovenia" y que él tuvo conocimiento directo porque trabajaba para Mármoles San Andrés, empresa que prestaba servicios al grupo de Morchón.
Durante su comparecencia, Valeriano ha explicado que fueron empleados del grupo quienes le informaron de lo que pasaba, entre ellos Justo M.G, ya fallecido, que entre 1995 y 2015 fue acumulando datos mediante anotaciones y fotografías guardadas en una veintena de libretas y varios pendrives.
El testigo, en manifestaciones recogidas por Europa Press, ha explicado que llegó a ver parte de esos "pinchos" y que de uno de ellos extrajo documentos que mostró un día a Ignacio Morchón Alonso en un bar cercano a la antigua prisión. En ese encuentro, según su versión, reclamó al empresario que dejara de llevar a cabo la actividad ilícita basada en la reutilización de ataúdes y arreglos florales que después se devolvían al tanatorio para su nueva venta.
"Era amigo de Ignacio y le dije que dejara de hacerlo porque al final iba a caer. Me dijo que no le importaba y me respondió que a él no le extorsionaba nadie", ha manifestado Valeriano, quien ha rechazado que su intención fuera obtener dinero a cambio de guardar silencio.
Al comprobar que su conversación no surtía efecto, el enterrador decidió facilitar la información a la familia de uno de los supuestos perjudicados, vecinos del barrio de San Pedro, que, como ha recordado, "no daba crédito". A través de este núcleo familiar, la Policía Nacional, una vez destapada la presunta trama, consiguió el teléfono de Valeriano y contactó con él.
Simulación de cremaciones y uso de tableros de aglomerado
El testigo ha añadido que los acusados realizaban una especie de representación para aparentar la incineración en el tanatorio, que en realidad se efectuaba en el cementerio de Santovenia. Ha asegurado también haber visto llegar furgonetas cargadas con tableros de aglomerado sobre los que, según sostiene, se quemaban los cuerpos, en lugar de los féretros por los que las familias habían pagado sumas elevadas.
Antes de su declaración, cerca de una veintena de supuestos afectados ha ido pasando por la sala para narrar cómo contrataron en la funeraria El Salvador los servicios de sepelio e incineración de sus familiares y cómo, tiempo después, la mayoría a través de los medios de comunicación, descubrieron que figuraban en un listado de damnificados por el "cambiazo de ataúdes" y el posible reciclaje de coronas y otros adornos florales, objeto de enjuiciamiento hasta el mes de junio.
Entre ellos, Teresa C.B, cuya padre murió el 14 de noviembre de 2002, ha relatado que en el momento de la cremación los empleados bajaron las cortinas y no les permitieron presenciar el proceso. Visiblemente afectada por el presunto cambiazo del féretro, ha calificado lo ocurrido de "auténtico sacrilegio" que ha hecho vivir a su familia "otro infierno" al imaginar cómo pudo ser manipulado el cadáver.
"Sólo de pensar que le dejaron en el suelo y le pusieron sobre unas tablas, ¡qué vergüenza. Que vayan todos a la cárcel y sufran lo que hemos sufrido nosotros!", ha reclamado ante el tribunal poco antes de finalizar su declaración.
A esta petición se ha sumado Juan Carlos M, afectado por la muerte de su hermano, su padre y su madre, fallecidos en 2006, 2013 y 2014. Al término de su testimonio, y a preguntas de su letrada sobre sus reclamaciones, ha sido tajante: "¡Con tal de verles en la cárcel y arruinados, cualquier cosa!".
También María Jesús D, viuda de Carlos, ha pedido que se aplique el Código Penal a los acusados por unos hechos que considera "inimaginables" y ha trasladado al tribunal su exigencia: "Espero justicia porque esta gente tiene que pagar, a los muertos hay que dejarles en paz".
En el caso de Dévora S.P, cuya madre falleció con apenas 58 años el 2 de septiembre de 2004, el descubrimiento del supuesto fraude no ha hecho más que intensificar su sufrimiento. "Imagínese, el fallecimiento de un ser querido con 58 años y ni siquiera entonces la dejaron en paz", ha lamentado.
Otros perjudicados, como José María C.W. y María Jesús T.G, ni siquiera tienen la seguridad de que las cenizas que recibieron correspondan realmente a su hermano, en el primer caso, y a sus padres, en el segundo. Esta última, cuya madre perdió la vida en un accidente de tráfico en Ávila, no ha podido contener el llanto al expresar sus sentimientos de "rabia, impotencia y sensación de que ya no te puedes fiar de nadie".
Dudas sobre las cenizas y coronas reutilizadas
Igualmente significativo ha sido el relato de María Jesús M, que intentó sin éxito presenciar la incineración de su madre, fallecida el 14 de abril de 2009. Según ha contado, los trabajadores se lo impidieron en varias ocasiones y, cuando acudió después al cementerio de Santovenia para recoger la urna, primero le comunicaron que "no encontraban las cenizas".
Finalmente, un empleado apareció con los restos, pero, como ha precisado María Jesús, las cenizas estaban todavía calientes un día y medio después de la supuesta cremación, lo que refuerza la sospecha de que la incineración se habría simulado ante la familia para facilitar el cambiazo del féretro y su posterior reutilización.
Por su parte, Carla G.G. acudió a la funeraria investigada para despedir a su padre, fallecido el 23 de noviembre de 2011. De aquel día recuerda especialmente las "prisas" con las que se organizó la cremación. "La verdad es que al enterarnos de todo lo que sentimos es rabia. Teniendo en cuenta lo que ganan, que hayan hecho esto para ganar más...pues eso, que son unos sinvergüenzas!", ha declarado airada.
La misma indignación ha expresado María Ángeles P.S, que ha denunciado que, tras la cremación de su madre, fallecida el 2 de abril de 2012, las coronas desaparecieron rápidamente, impidiendo a sus hijas conservar algunas flores como recuerdo. Su mayor preocupación, sin embargo, es el destino de una "rosa eterna" que ella y su hermana colocaron entre las manos de su madre en el último adiós. "Sólo de pensar que la pudieron manipular...", ha señalado entre lágrimas.
El supuesto "reciclaje" de flores, que las acusaciones atribuyen también a los procesados, ha sido mencionado igualmente por Ana Isabel G, afectada por los casos de sus abuelos y su padre. De aquellos días guarda la imagen de una corona de "flores marchitas", que, según sostiene, ya habría sido utilizada en un funeral anterior.
El juicio por el 'caso ataúdes' continuará este miércoles con la tercera y última sesión de la semana, en la que está prevista la declaración de otra veintena de perjudicados.