Aníbal Domínguez, hermano y tío de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), ha denunciado que la reciente disolución del jurado popular, “incapaz” de alcanzar un veredicto en el juicio por la muerte en 2020 de un hombre en el barrio de El Torrejón de Huelva durante una reyerta —lo que obliga a repetir la vista— “no es un hecho aislado ni anecdótico”, sino la prueba de “un problema estructural profundo”.
En un comunicado remitido a Europa Press, Domínguez insiste en que el jurado popular, “tal y como está concebido en España, no está capacitado para resolver con garantías delitos de extrema gravedad” y que lo ocurrido en El Torrejón “debería en realidad encender todas las alarmas sobre la fragilidad de este modelo”.
Explica que su postura nace “no desde la teoría”, sino “desde el dolor y desde la experiencia directa de un sistema que falló de forma irreversible”. Rememora que en abril de 2013 María y Miguel Ángel fueron “brutalmente asesinados” y que el principal sospechoso “fue investigado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detenido y mantenido en prisión preventiva durante tres años”.
Durante ese periodo, su defensa planteó “hasta en cinco ocasiones su puesta en libertad”, pero “todas y cada una de esas solicitudes fueron rechazadas” tanto por el juzgado de instrucción como por la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). “Es decir, todo el engranaje policial y judicial --incluyendo órganos profesionales y especializados-- coincidía en la existencia de indicios sólidos que justificaban su permanencia en prisión”, recuerda.
“Sin embargo, cuando el caso llegó al jurado popular, todo ese trabajo, todo ese peso probatorio y todo ese criterio técnico fueron borrados de un plumazo por un veredicto de no culpabilidad absolutamente arbitrario y anoréxico de fundamentación y rigor jurídico”, critica en la nota.
Subraya además que dicho veredicto fue adoptado por ciudadanos “sin formación jurídica, sin capacidad técnica para valorar pruebas complejas” y, “lo que es aún más grave”, “sin las garantías mínimas de aislamiento. No estaban incomunicados”. Añade que “no estaban protegidos frente a influencias externas. Iban y venían a sus casas, eran plenamente abordables y potencialmente influenciables en un contexto social y mediático evidente. Ese no es un detalle menor. Es una quiebra frontal de las garantías del proceso”.
Tras esa resolución, Aníbal Domínguez indica que acudieron “todas las instancias posibles --Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional-- denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”. Sin embargo, “todos ellos coincidieron en una misma limitación: no podían revisar la valoración de la prueba realizada por el jurado. Ni siquiera cuando el propio Ministerio Fiscal del Tribunal Supremo solicitó la repetición del juicio se corrigió la situación”.
“Hoy, lo que entonces se nos negó, se produce en Huelva. Pero no porque el sistema funcione, sino porque el fallo del jurado ha sido tan evidente que no ha podido sostenerse. Esa es la diferencia: solo cuando el error es escandaloso se corrige; cuando no lo es de forma formal, queda blindado, aunque sus consecuencias sean devastadoras”.
Por este motivo, sostiene que lo sucedido en Huelva “confirma” lo que llevan “años denunciando”, esto es, que “el jurado popular carece de capacidad técnica para valorar pruebas en delitos complejos; que puede incurrir en contradicciones y bloqueos que paralizan la justicia; que sus decisiones pueden ser arbitrarias y carentes de motivación suficiente; que no existen mecanismos eficaces para revisar sus veredictos; y que su vulnerabilidad frente a influencias externas compromete gravemente la imparcialidad del proceso”.
Concluye que “no estamos ante un problema puntual. Estamos ante un fallo sistémico. La justicia no puede depender del azar, ni de percepciones subjetivas sin formación jurídica, ni de deliberaciones condicionadas por factores externos. La justicia exige rigor, conocimiento y garantías. Hoy afirmamos con absoluta rotundidad que el Estado y el sistema judicial mantienen una deuda moral irreparable con nuestra familia. Mantienen una mancha de sangre de más de 150 puñaladas que no pueden ni podrán borrar mientras decisiones de esta naturaleza sigan siendo posibles. La justicia, cuando falla de esta manera, deja de ser justicia”.