Un guardia civil juzgado por revelar datos a su excuñado sostiene que eran públicos y rechaza haber delinquido

Un guardia civil se enfrenta a un jurado en Sevilla por presunto cohecho y revelación de secretos tras facilitar datos de tráfico a su excuñado.

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Juicio en Sevilla a un guardia civil acusado de facilitar datos de vehículos a su excuñado EUROPA PRESS

Juicio en Sevilla a un guardia civil acusado de facilitar datos de vehículos a su excuñado EUROPA PRESS

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La Audiencia Provincial de Sevilla celebró este lunes, 23 de marzo, la primera vista con jurado popular contra un guardia civil acusado de presuntos delitos de cohecho y de descubrimiento y revelación de secretos, por supuestamente "facilitar datos" sobre varios vehículos a su excuñado, también procesado, entre el 27 de julio y el 21 de septiembre de 2023.

En esta sesión inicial, la defensa del agente reiteró que la información que habría proporcionado "son públicos" y de "fácil acceso" mediante una "simple" gestión ante la Dirección General de Tráfico (DGT). El Ministerio Fiscal, que ejerce la acusación, mantuvo lo contrario y defendió que se trata de datos "íntima": "Si se tratase de datos públicos, ¿por qué iba Francisco Javier a hacer uso de la condición de su excuñado de Guardia Civil?", planteó el fiscal ante el tribunal.

Ambos acusados, que mantenían una estrecha amistad desde hace años incluso después del matrimonio del segundo con la hermana del agente, roto en 2005, se sientan en el banquillo porque, según el escrito de conclusiones provisionales, Juan Luis habría "consultado diferentes bases de tráfico" a las que accedía por su condición de agente "a cambio de beneficio económico". Por ello, la Fiscalía reclama para él siete años de prisión.

Durante las alegaciones previas, el fiscal se dirigió al jurado popular, integrado por nueve titulares y un suplente, advirtiendo de que las defensas "intentarían alegar que los hechos no tienen relevancia penal" y que la información en cuestión "no pertenece a la esfera íntima" de los afectados.

Debate sobre el carácter íntimo de los datos

El representante del Ministerio Público pidió a los integrantes del jurado que se pusieran en el lugar de las personas afectadas. "Imaginen que les pasa a ustedes, que son sus datos los que son facilitados, ¿Creerían entonces que no son datos que pertenecen a la esfera íntima?", les interpeló. Recordó además que "durante las actuaciones de la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), los datos solicitados eran los referidos a las matrículas y otros relativos a los vehículos para poder identificar al titular". En relación con el presunto cohecho, citó una conocida frase de una famosa película de acción: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad".

Por su parte, el abogado de Juan Luis calificó de "excesiva" y "desproporcionada" la inhabilitación absoluta de seis años que reclama la Fiscalía, insistiendo en que la información que habría facilitado su cliente "es pública". "Con tan solo una simple solicitud a la DGT y un pago de unos nueve euros se puede obtener esta información", sostuvo el letrado.

En su opinión, la conducta que se atribuye al agente debería resolverse mediante una "medida disciplinaria, dado que se trata más de una cuestión interna de la propia Guardia Civil que de una cuestión penal", y no encajaría en el tipo de descubrimiento y revelación de secretos defendido por la acusación pública.

El defensor del guardia civil admitió que "No negamos que mi representado facilitase esta información". Según su relato, el excuñado recurrió a su amigo "por comodidad" y "por la confianza que mantienen tras una relación de amistad de años", aunque podía haber obtenido esos datos acudiendo directamente a la DGT. Negó también que el agente "engañase" a otros compañeros para conseguir la información o que hubiera percibido contraprestación económica alguna.

La defensa del excuñado cuestiona las pruebas

El abogado de Francisco Javier, que intervino después de que el magistrado estuviera a punto de omitirle el turno por un pequeño despiste, rechazó que su defendido haya incurrido en un presunto delito de cohecho activo al supuestamente solicitar los datos de vehículos a su excuñado.

A su entender, esas supuestas peticiones "no se van a poder acreditar", porque, más allá de "mensajes coloquiales" entre "dos personas con una relación de confianza desde hace años", "no hay ningún elemento que pueda probar" los hechos que se le atribuyen. "La única decisión posible en este caso es el veredicto de no culpabilidad, que es precisamente lo que va a solicitar este letrado", concluyó su intervención.

Según la versión del Ministerio Fiscal, la relación de confianza entre ambos hacía que el entonces cuñado "fuese consciente de que el Guardia Civil por razón de su cargo como agente de la autoridad tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico". Se trata de bases "solo tienen acceso como fuentes de información protegidas y auditadas, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

El escrito acusatorio detalla que el excuñado realizaba "trabajos remunerados para una agencia de investigación" y que, para esa tarea, necesitaba conocer datos de tráfico de varios vehículos, como "los titulares o matriculación ITV". Consciente de que el agente podía consultar esos registros, le habría reclamado esos datos "a cambio de remuneración económica".

La Fiscalía sostiene que el guardia civil, "siendo el agente consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito, accedió a ello". Añade que, para tratar de ocultar su participación, en varias ocasiones recurrió a otros guardias civiles, a los que pedía la información requerida sin informarles del presunto uso ilícito de esos datos. No se ha podido concretar la cuantía que habría percibido por cada consulta.

Las penas solicitadas por la Fiscalía

Para el Ministerio Público, los hechos encajan en presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y cohecho activo. Así, atribuye al guardia civil la autoría de los delitos de cohecho pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos, mientras que al entonces cuñado le imputa un presunto delito de cohecho activo como autor.

En consecuencia, solicita para cada uno de los acusados cuatro años de prisión y una multa de 3.600 euros por el delito de cohecho. Además, para el agente reclama otros tres años de cárcel, inhabilitación absoluta durante seis años y una segunda multa de 3.600 euros por el delito de descubrimiento y revelación de secretos.