José Fernández Rosado, investigado en el 'caso hidrocarburos', ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional que dirige la instrucción que el empresario Cristian Corvillo, al que el PP identifica como antiguo chófer de Pedro Sánchez en unas primarias del PSOE, le planteó que actuara como testaferro de una sociedad.
Según han detallado fuentes jurídicas a Europa Press, en su comparecencia como investigado, Fernández Rosado ha explicado que fueron Corvillo y Miguel Romero Bravo quienes le propusieron figurar como administrador de Espaeventos, una de las mercantiles bajo la lupa judicial, a cambio de una remuneración económica que finalmente no habría llegado a cobrar.
De acuerdo con esas mismas fuentes, Fernández ha manifestado ante el magistrado Santiago Pedraz que ambos investigados eran quienes realmente gestionaban Espaeventos y daban las instrucciones sobre las operaciones y las transferencias bancarias que él debía firmar como responsable formal.
Fernández Rosado ha indicado que abandonó la compañía en 2023 tras un enfrentamiento con Corvillo y Romero motivado por las transferencias que le pedían cursar a empresas radicadas en Portugal y por un ingreso de un millón de euros recibido por la sociedad cuyo origen aseguraba desconocer.
Las fuentes presentes en la declaración señalan que Fernández ha afirmado que se negó a validar ese abono y que esa negativa derivó en su salida de la empresa. Antes de desvincularse, ha añadido, admitió ante la Agencia Tributaria que Espaeventos acumulaba una deuda superior a 10 millones de euros en impuestos.
Su testimonio se produce después de que, el pasado martes, el también investigado Javier Sequi reconociera que fue colocado como administrador de otra empresa vinculada a la trama a cambio de 3.500 euros mensuales "por no hacer nada".
Red de influencia en varios ministerios
En su último informe incorporado a la causa, la UCO sostiene que la red de los hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes cuando estaba dirigido por José Luis Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces encabezadas por Reyes Maroto y Teresa Ribera, respectivamente.
De acuerdo con ese documento, la penetración en la Administración se habría articulado a través de Aldama, "persona con acceso al entorno" de Ábalos, con el objetivo de "influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos" y "todo ello a cambio de una contraprestación económica", según recoge el instituto armado.
Los investigadores señalan además a Aldama y al también empresario Claudio Rivas como presuntos líderes de la red, apuntando que "ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras".
La investigación describe que el grupo habría constituido "una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector".
"De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas", añade el informe remitido al juzgado.
La UCO sitúa el arranque de las supuestas actividades delictivas en 2020, cuando desde el "entorno de la presunta organización criminal" se habría solicitado a Aldama "que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes", con la finalidad de que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.
El informe concluye que la trama habría desembolsado un millón de euros para tratar de influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.