Un trabajo elaborado por investigadores de la Universitat de Barcelona (UB) sostiene que existe un “sesgo” del Tribunal Constitucional (TC) en beneficio del Gobierno central, tras examinar cerca de 1.900 decisiones del TC sobre la constitucionalidad de normas estatales y autonómicas.
El estudio, difundido en la revista 'European Journal of Political Research', apunta que la probabilidad de que el TC declare inconstitucional una disposición autonómica se sitúa en el 55%, mientras que “solo del 23%” de las normas estatales acaban siendo anuladas, según detalla la UB en una nota de prensa difundida este viernes.
El análisis añade que los procedimientos iniciados ante el TC por el Ejecutivo central cuentan con una tasa media de éxito del 68%, frente al 31% de los impulsados por los gobiernos autonómicos.
Los investigadores concluyen que la orientación ideológica de los magistrados del TC “incide de manera significativa en sus resoluciones”: cuando predomina una mayoría conservadora, se incrementa la probabilidad de que se declaren inconstitucionales leyes autonómicas, especialmente si proceden de ejecutivos regionales encabezados por formaciones nacionalistas.
El trabajo también examina la actuación del TC en distintos contextos políticos y concluye que “cuando hay una coincidencia ideológica entre el TC y el Gobierno y, al mismo tiempo, una dependencia de este gobierno central respecto a partidos nacionalistas, la probabilidad de que el TC anule una norma autonómica desciende significativamente”.
Según sus autores, este hallazgo “confirma la hipótesis de que el TC presenta un sesgo sistemático centralista que se manifiesta en la aplicación de una mayor severidad en la legislación aprobada por los parlamentos autonómicos”.