Un inspector de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha confirmado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la información relativa a Dina Bousselham, exasesora del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, localizada en varios dispositivos intervenidos en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo, coincidía con algunos pantallazos y documentos que posteriormente aparecieron en medios de comunicación.
La Audiencia Nacional ha retomado este martes la vista oral en la que se analiza el recorrido de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina Bousselham desde el robo de su móvil en 2015, cuando trabajaba como asesora de Iglesias, hasta que parte de ese contenido terminó publicado en la prensa.
En esta segunda jornada, centrada en las declaraciones de los agentes que participaron en el registro de la vivienda de Villarejo, el inspector responsable de las diligencias ha detallado que en la entrada y registro practicada en 2017 en el domicilio del que ahora es el único acusado se incautaron dos 'pendrives' y un disco duro donde se localizaron dos carpetas denominadas 'Dina 2' y 'Dina 3'.
CORREOS ELECTRÓNICOS Y MENSAJES DE WHATSAPP O TELEGRAM
En dichos soportes los agentes hallaron un “volcado o extracción de datos” de una tarjeta SD con información personal de Bousselham, que incluía desde correos electrónicos hasta conversaciones en aplicaciones de mensajería como Whatsapp o Telegram, así como datos de carácter personal y económico, es decir, “la vida de una persona en un teléfono”, según ha explicado el policía ante el tribunal.
Tras informar del hallazgo al juez instructor se comprobó que existían diligencias previas posiblemente relacionadas con estos hechos, entre ellas una denuncia interpuesta por Bousselham en noviembre de 2015 por la sustracción de su teléfono móvil. En aquel momento, ha recordado el inspector, la Policía no había logrado identificar a los autores del robo.
El agente ha señalado que, más adelante, se tomó declaración a la exasesora de Iglesias, quien manifestó que no tenía constancia de que su móvil hubiera sido intervenido con anterioridad y reconoció como suyos los pantallazos y documentos que se encontraron en los dispositivos requisados.
VILLAREJO MANTUVO “CONTACTOS” CON PERIODISTAS
De acuerdo con su testimonio, la denuncia de Bousselham se presentó el 1 de noviembre de 2015, mientras que los informes periciales situaban la generación de la información localizada en la casa de Villarejo entre el 9 de diciembre de 2015 y el primer semestre de 2016. Ese periodo se enmarca entre el robo del teléfono y la publicación en julio de 2016 de varias informaciones en prensa que contenían parte de esos datos.
Esas noticias incluían “chats o pantallazos” que coincidían con la documentación intervenida a Villarejo. “Se hizo el cotejo y es absolutamente coincidente. La captura de pantalla es absolutamente coincidente y no tenemos duda de ello, porque la captura de pantalla, aparte del contenido del texto que es idéntico al que figuraba en esas carpetas 'Dina 2' y 'Dina 3', tiene datos que indubitadamente hace que provengan exactamente de ese chat concreto, como el porcentaje de batería o la cobertura”, ha expuesto el inspector.
El funcionario ha añadido que, durante el análisis del material, los investigadores encontraron indicios de que Villarejo mantuvo “contactos previos” a la difusión de esas informaciones tanto con los periodistas que inicialmente figuraban como acusados en la causa como con otros profesionales de la información.
ACUERDO CON LOS PERIODISTAS ENCAUSADOS
En la sesión inaugural del juicio, la representación legal de Bousselham comunicó al tribunal que se había alcanzado un acuerdo con los dos periodistas acusados de haber examinado documentación de la exasesora de Iglesias, basado en el reconocimiento parcial de los hechos a cambio del perdón tanto de ella como de Iglesias.
Dicho pacto no se extendió al comisario Villarejo, al tratarse de un funcionario público en el momento en que supuestamente ocurrieron los hechos, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, lo que supuso que los periodistas pasaran a tener la condición de testigos en el procedimiento.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 5 años de prisión para Villarejo y había solicitado 3 años para los dos periodistas inicialmente encausados por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos con difusión a terceros.