Un nuevo damnificado se ha sentado ante el tribunal de la Audiencia de Valladolid en el marco del denominado “caso ataúdes”, la causa que analiza, entre otros extremos, los presuntos cambiazos de féretros sufridos por los fallecidos instantes previos a la cremación. Este afectado ha expresado su “estupor e indignación” al conocer lo sucedido a través de la prensa y ha subrayado que, en su opinión, lo ocurrido no constituye “nada nuevo bajo el sol”.
Se trata del testimonio del actual magistrado de la Audiencia Provincial de León, José Luis Ch, que ha relatado las exequias de su padre, fallecido en 2008, y de su madre, muerta en 2012. En ambos casos, el velatorio tuvo lugar en el tanatorio de El Salvador, en el Camino Viejo del Cementerio, y posteriormente se llevó a cabo la incineración en el cementerio de Santovenia de Pisuerga.
El juez, en manifestaciones recogidas por Europa Press, ha reiterado que la conducta atribuida a los procesados no le sorprende. “Siento primero estupor y luego indignación, aunque no hay nada nuevo bajo el sol porque las tumbas de los egipcios se ponían ya a cubierto para evitar que los depredadores pudieran robar, y aquí es lo que ha ocurrido”, ha criticado públicamente. Al mismo tiempo, ha lamentado que “la sociedad debe de estar enferma” al comprobar que, pese a la gravedad de los hechos, no se produjeran concentraciones masivas frente a la funeraria para exigir responsabilidades y que todo haya quedado reducido a la presentación de denuncias individuales.
El declarante ha recordado igualmente que, cuando era titular del Juzgado de lo Penal 4 de Valladolid, llegó a juzgar un procedimiento en el que el empresario al frente del grupo funerario investigado, el ya fallecido Ignacio Morchón Alonso, actuaba como denunciante en una causa por injurias y calumnias contra una persona que repartía pegatinas acusando a la empresa de revender las flores tras los entierros. Aquel juicio terminó con una sentencia condenatoria para el acusado.
Además, el magistrado ha explicado que, en el momento de la cremación de su padre, no presenció el proceso porque, instantes antes, un trabajador del tanatorio le advirtió de que era preferible no hacerlo, al poder escuchar algún “ruido desagradable”.
Según ha añadido José Luis Ch., aceptó esa recomendación sin imaginar que pudiera encubrir una finalidad ilícita. “Me dijo la imaginación es libre y yo pensé que no era agradable oír algún ruido y creer que se trataba de la quiebra de un hueso de tu padre”, ha descrito ante el tribunal. Con respecto a su madre, ha señalado que la situación fue prácticamente idéntica.
“SOY MÉDICO Y RESPETO UN CÓDIGO DEONTOLÓGICO”
En la misma sesión ha declarado como perjudicado Armando B., quien ha narrado un caso parecido, centrado en la muerte de su pareja el 6 de enero de 2009. Al conocer, también por los medios, el supuesto cambiazo del féretro, su reacción fue de sorpresa y malestar. “Yo soy médico y respeto un código deontológico en mi trabajo, por eso encontrarte con esta situación te dice mucho de la catadura moral de esta gente”, ha reprochado.
La indignación ha sido compartida por Margarita L.A, otra afectada por los servicios funerarios contratados para despedir a su padre y a su madre, fallecidos el 1 de enero y el 24 de febrero de 2010, respectivamente. Durante su declaración ha exigido justicia frente a quienes ha llegado a calificar de “traficantes de cadáveres”.
“A pesar de los años pasados, pensar cómo los han manipulado es horrible. Siento dolor, rabia e impotencia”, ha manifestado Margarita, que ha admitido sus dudas ante la posibilidad de reclamar una compensación económica si se confirman judicialmente los hechos. Considera que aceptar ahora una cantidad sería como una “moneda de cambio”, aunque tampoco quiere que lo sucedido quede “impune”.
Relatos en la misma línea han sido expuestos durante la vista por otros afectados, como Celestino A.G, que recurrió a los servicios del grupo funerario El Salvador tras la muerte de su padre Isaías el 1 de enero de 2007; o María Teresa P.V, Miguel Ángel M., María Estrella L.R, María Julia y José María G.G. Este último ha declarado por el presunto cambiazo de féretro sufrido tras el fallecimiento de su madre Ana María el 31 de diciembre de 2007.
Al igual que el resto, José María no pudo contemplar la cremación, ya que el personal del crematorio bajó unas cortinillas que impedían ver el interior. Ha relatado que enterarse de que su madre no fue incinerada en el ataúd abonado mediante la póliza de seguros le produjo un profundo desasosiego, sobre todo porque, como ha precisado, se le “encoge el corazón” al imaginar que el féretro pudiera haber sido compartido con otros difuntos.
El juicio continuará este martes con la declaración de más perjudicados, hasta completar casi 140 comparecencias previstas para exponer cada caso. La Fiscalía mantiene su acusación contra 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador del grupo, para quienes reclama las penas más altas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios se señalan las mercantiles Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.