El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha decidido archivar la causa abierta contra la cúpula de la Policía Municipal de Madrid por un supuesto amaño en varios procesos selectivos del Cuerpo en 2021, al concluir que la denuncia no se sostiene “más allá de la mera sospecha”.
Así se recoge en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el magistrado decreta el sobreseimiento y el archivo de las diligencias. Como consecuencia directa, quedan sin efecto todas las medidas cautelares que se hubieran impuesto previamente a los investigados.
La investigación se había iniciado por la presunta comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos por funcionario público.
Durante su comparecencia ante el juez, los mandos policiales investigados achacaron las acusaciones a un “montaje” y denunciaron que la oposición utilizó el caso como “ariete político” para perjudicar la imagen de la Alcaldía de Madrid.
El procedimiento arrancó tras la denuncia de la Asociación de la Policía Unificada de Madrid, que afirmaba que determinados miembros del tribunal de oposiciones habrían filtrado preguntas del examen a algunas academias y aspirantes. Entre los señalados figuraban el comisario jefe, Oskar de Santos, el excomisario José Luis Morcillo y el exintendente Miguel Carmona, entre otros mandos.
No tenían acceso al examen completo
En la fundamentación jurídica, el juez recuerda que las oposiciones se convocaron por decreto de 2 de julio de 2021 para cubrir 6 plazas y que al proceso se presentaron 230 candidatos.
El auto precisa que solo el presidente del tribunal disponía del contenido íntegro del examen, y ni él ni los vocales constan como denunciados. Además, según las declaraciones incorporadas a la causa, las preguntas eran elaboradas por los miembros del tribunal sin conocer el examen en su conjunto y la clave de acceso se remitía con posterioridad, lo que impedía conocer de antemano el contenido global de la prueba.
El magistrado destaca que, a la vista de las actuaciones, “no se sostiene de ninguna manera ninguna de las afirmaciones realizadas en el escrito de denuncia, mas allá de la mera sospecha o afirmaciones sin elemento probatorio suficiente”.
Las declaraciones de los investigados se produjeron después de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara reabrir el procedimiento al estimar un recurso de la Asociación de Policía Unificada de Madrid (APMU), al que se sumó el sindicato unión de policía municipal (UPM).
La Sala dejó sin efecto el primer archivo y ordenó continuar con la causa “a fin de un mayor esclarecimiento de los hechos y las circunstancias que puedan incidir en su correcta calificación en los términos expuestos”.
Petición de rectificación política
Tras conocerse el nuevo archivo, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha expresado que espera “una rectificación en el día de hoy” por parte de la izquierda, después de las acusaciones vertidas durante estos meses.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz ha reiterado que “algunos deberán rectificar las barbaridades que se han oído en los últimos días”.
APMU critica el archivo y estudia recurrir
Desde la Asociación de la Policía Unificada de Madrid (APMU) han mostrado su malestar por la decisión judicial, al entender que no se han valorado adecuadamente sus alegaciones ni su solicitud de nuevas pruebas. Fuentes de la asociación consultadas por Europa Press señalan que analizarán el auto para estudiar la interposición de un posible recurso.
Las diligencias ahora archivadas se incoaron en 2022 con el objetivo de esclarecer la presunta participación de cinco altos mandos en delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El denunciante sostenía que existían “notables indicios de irregularidades en varios procesos selectivos relacionados con el Cuerpo de Policía Municipal”.
El juez acordó en su día abrir la causa al apreciar que los hechos relatados contra la cúpula de la Policía Municipal presentaban “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Sin embargo, una vez practicadas las diligencias de investigación, el magistrado ha resuelto archivar el procedimiento al concluir que no se han acreditado indicios con la entidad suficiente como para continuar con la instrucción.