El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha requerido formalmente al Consejo de Ministros que proceda a la desclasificación de documentos, datos e informaciones declarados secretos o reservados que guarden relación con el supuesto espionaje mediante Pegasus a los exdiputados de la CUP David Fernández, Carles Riera y Albert Botran, según consta en la interlocutoria a la que ha tenido acceso Europa Press.
El magistrado realiza esta petición ante el riesgo de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) invoque la ley de secretos oficiales para no facilitar información sobre el presunto espionaje a personas vinculadas al independentismo y antes de interrogar a su directora, Esperanza Casteleiro.
La querella fue interpuesta por Fernández, Riera y Botran contra la sociedad Osy Technologies, a la que señalan como titular de las empresas NSO Group y Cyber Technologies, presuntas responsables del desarrollo y comercialización del programa Pegasus, diseñado para actividades de espionaje.
En otra interlocutoria, el juez instructor aprecia indicios de que NSO prestó asistencia "directamente" a los usuarios de Pegasus mediante servidores bajo su control, por lo que ha dictado una orden europea de investigación para que las autoridades de Luxemburgo localicen las cuentas bancarias asociadas a dichas compañías.
Una vez localizadas esas cuentas, el juez solicita que se requiera a las entidades financieras la copia de los extractos con todos los movimientos efectuados entre 2016 y 2022, con el objetivo de identificar "posibles pagadores españoles" del 'spyware' Pegasus.
El instructor sostiene que los tres exdiputados de la CUP habrían recibido varios SMS en sus teléfonos móviles a través de los cuales se habría producido la infección con el 'software' Pegasus, una herramienta destinada a monitorizar comunicaciones, unos hechos que podrían encajar en un delito de descubrimiento y revelación de secretos.