LaLiga y Movistar Plus+ (Telefónica Audiovisual Digital) han interpuesto una querella, ya admitida a trámite, contra el consejero delegado de Cloudflare Inc., Matthew Prince, por presuntos delitos vinculados con la piratería audiovisual, según han confirmado fuentes judiciales a Europa Press.
En este marco, el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado al directivo estadounidense para que comparezca como investigado el próximo 7 de abril por supuestos delitos contra la propiedad intelectual, amenazas y obstrucción a la justicia, de acuerdo con las mismas fuentes.
En el procedimiento figuran como querellados Matthew Prince, en su condición de CEO de Cloudflare Inc., y la propia Cloudflare Inc. como persona jurídica, en conexión con su filial en la Unión Europea, Cloudflare Portugal Unipessoal Lda.
El órgano competente, la Plaza número 50 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, ha decidido llamar a declarar a Prince como investigado e imputar a Cloudflare Inc. como persona jurídica dentro de la causa.
Esta citación supone la primera vez que en España se llama a una gran tecnológica estadounidense a responder ante la justicia por presuntos delitos contra la propiedad intelectual.
Tres delitos de especial gravedad
La querella atribuye la posible comisión de tres ilícitos penales de especial gravedad: delitos contra la propiedad intelectual, amenazas o coacciones y obstrucción a la administración de justicia.
Según se expone en el escrito, la responsabilidad penal se apoyaría en que Cloudflare Inc. y su presidente habrían llevado a cabo diversas actuaciones dirigidas a impedir la correcta y pacífica ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Barcelona, dictada el 18 de diciembre de 2024.
Esa resolución facultaba a LaLiga y a Movistar Plus+ para comunicar a los operadores de acceso a Internet en España, en cada jornada de LaLiga, las direcciones IP que posibilitasen el acceso ilegal a contenidos audiovisuales protegidos, entre las que se incluían numerosas IP vinculadas a Cloudflare.
38% de la piratería usaría Cloudflare
Los hechos que se investigan se centran en la prestación de servicios tecnológicos que, presuntamente, habrían neutralizado la eficacia de dicha sentencia, al ocultar de manera sistemática las direcciones IP de sitios piratas y suministrar servicios considerados clave para el funcionamiento de la piratería.
De acuerdo con la querella, en torno a un 38% de los servidores, páginas web, reproductores y plataformas ilegales que distribuyen contenidos de competiciones deportivas de forma ilícita en España habrían recurrido a servicios de Cloudflare.
LaLiga y Movistar Plus+ mantienen que Cloudflare opera como intermediario técnico cuya red de distribución de contenidos (CDN) y sistema de 'reverse proxy' enmascaran la IP auténtica de los servidores piratas tras direcciones IP de Cloudflare visibles en Internet.
Se le atribuye también ofrecer alojamiento temporal, transporte y almacenamiento en caché de flujos de 'streaming' con contenidos ilícitos de LaLiga, lo que, según la acusación, convertiría a la empresa en un “actor imprescindible” dentro de la cadena de la piratería audiovisual.
Requerimientos ignorados y capacidad de bloqueo
Los querellantes sostienen que Cloudflare habría recibido más de 114 requerimientos formales, remitidos aproximadamente en cada jornada de competición, con datos concretos sobre plataformas ilícitas, y que consta acreditada la recepción de dichas comunicaciones.
Pese a ello, argumentan que la compañía no habría puesto en marcha medidas efectivas para detener la actividad ilícita ni para bloquear de forma inmediata el acceso a las plataformas piratas alojadas o protegidas en su red, a pesar de disponer de capacidad técnica para hacerlo.
La investigación penal continúa en fase de instrucción, con diligencias abiertas para analizar la actividad de Cloudflare y su eventual participación en los hechos denunciados.
El procedimiento abarca tanto el papel de la matriz estadounidense como el de su estructura operativa en la Unión Europea.
Declaraciones del CEO y obstrucción
Como elementos agravantes, la querella incorpora manifestaciones públicas del presidente de Cloudflare acerca del cumplimiento de resoluciones judiciales dictadas por tribunales europeos.
Se subraya que Prince ha afirmado que las decisiones judiciales de países distintos a Estados Unidos no obligan a Cloudflare y que, si se le exigiera acatarlas, la compañía podría adoptar medidas que afectarían incluso a servicios de seguridad y emergencia en Europa.
En enero de 2026, tras una sanción impuesta por una administración italiana por no ejecutar órdenes de bloqueo contra la piratería, Prince publicó en la red social 'X' que un “quasi-judicial body” en Italia había multado a Cloudflare con 17 millones de dólares (14,6 millones de euros) y que la empresa barajaba, entre otras opciones, retirar servidores del país y suspender servicios de ciberseguridad, incluso los gratuitos.
Asimismo, en una conferencia en 2025 en el 'Council on Foreign Relations', criticó una resolución de un tribunal francés que imponía el bloqueo de contenidos ilícitos de fútbol y explicó que había planteado a otras grandes tecnológicas coordinar una respuesta conjunta, que incluiría la posibilidad de cortar servicios en Francia si no se alcanzaba una solución.
Estas manifestaciones se interpretan en la querella como indicios de una voluntad deliberada de entorpecer el cumplimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en territorio europeo, encajando, según los denunciantes, en un posible delito de obstrucción a la justicia.
Daños económicos estimados
Los perjuicios económicos derivados de la actividad que Cloudflare supuestamente permite o facilita se cifran en 859 millones de euros anuales.
La querella afirma que la compañía obtendría beneficios millonarios por los servicios que presta a plataformas de piratería, al tiempo que contribuye a la difusión masiva de emisiones ilegales de partidos de LaLiga.