El director territorial de la Conselleria de Vivienda en Alicante ha comparecido este miércoles como testigo ante la jueza que instruye la causa sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en el residencial Les Naus, en la Playa de San Juan. Según ha relatado, el funcionario al que la Generalitat Valenciana abrió un expediente disciplinario —y que fue suspendido de empleo y sueldo— por su actuación en los visados de esta promoción le reconoció: “Lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades”.
Así lo ha trasladado a los medios el abogado Eduardo García-Ontiveros, representante de la acusación popular ejercida por Ciudadanos, al término de la comparecencia de este alto cargo y de otros dos responsables: la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante y el secretario territorial adjunto de Vivienda.
El letrado ha señalado que preguntó a los tres responsables si, “una vez que este funcionario les pasaba” los expedientes, “revisaban toda la documentación”. De acuerdo con su versión, contestaron que “no” y que “de forma genérica y por norma general lo que hacen es solo revisar el contrato final, pero que no se encargan de revisar toda la documentación” para comprobar si es correcta, puesto que “para eso está precisamente el técnico que daba el visado” y “que confiaban en él”.
García-Ontiveros ha precisado que estas son las primeras declaraciones que se practican en la causa de las VPP de Les Naus y que se han desarrollado de forma conjunta, a instancias del Ministerio Fiscal, que solicitó que declararan en calidad de “testigos peritos”. De esta forma, se les han formulado diversas cuestiones y cada uno ha respondido “en su sapiencia”.
Revisión de expedientes y papel del técnico expedientado
Ante la magistrada, los tres cargos de la administración autonómica han indicado que se les requirió un informe sobre los 140 pisos de la promoción y que ellos, junto con otros cinco trabajadores, revisaron los expedientes.
Asimismo, han apuntado que el funcionario sancionado por su papel en la validación del visado volvió a examinar personalmente y por “iniciativa propia” esos expedientes relativos a las viviendas, según ha podido saber Europa Press de fuentes conocedoras de sus manifestaciones.
Entre los adjudicatarios de una de las VPP del residencial de la Playa de San Juan figura la pareja de este trabajador expedientado, que además ejerce como arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.
En su testimonio, los tres responsables han explicado que todo el procedimiento de adjudicación se tramitó de forma telemática. Han añadido que los ingresos y la titularidad de una única vivienda se verifican a través de la declaración de la renta y del Registro de la Propiedad, pero que no se contrasta si una persona dispone de cinco o seis inmuebles a nombre de una sociedad de la que sea administrador. En cuanto a los miembros de la unidad familiar, han expuesto que la comprobación se basa únicamente en una declaración responsable de los solicitantes.
Adjudicación por el promotor y lagunas normativas
Igualmente, han señalado que el promotor fue quien adjudicó “personalmente” las viviendas a los beneficiarios y que debe cumplir determinados requisitos, si bien no existe una regulación específica que obligue a la administración a exigirle el cumplimiento de esas condiciones. Han añadido que actualmente se está trabajando en una normativa que permita a la administración imponer esos requisitos al promotor.
Tras estas comparecencias, García-Ontiveros considera que ha quedado de manifiesto que “la normativa actual de la vivienda pública es un coladero para precisamente lo que ha pasado aquí en Alicante”, ya que, según ha resumido, “lo que han explicado estos técnicos es que el que adjudica realmente la vivienda pública es el promotor que hace la promoción”.
En la misma línea, ha subrayado que la adjudicación la realiza el promotor “sin ningún tipo de normativa que obligue” a “tener una serie de requisitos que la promotora tenga que cumplir”. A su juicio, “se abre un abanico enorme y un coladero para que los promotores, como ha ocurrido en este caso, presuntamente hagan cosas que no tienen que hacer”.
El abogado de Ciudadanos ha indicado que, durante la sesión, se ha señalado al técnico expedientado como responsable “único” de los 140 expedientes de las VPP que se investigan y que fue él mismo quien decidió visarlos.
También han explicado a la jueza y a las acusaciones que, cuando estalló la polémica sobre las VPP de Les Naus, “desde Valencia llaman al director territorial”, que ha declarado este miércoles, “y le preguntan por el nombre de una señora que al final resulta ser la mujer de este técnico, que ha sido agraciada con una de las viviendas en la promoción de Les Naus”.
Después de esa llamada, según ha relatado García-Ontiveros sobre el contenido de las declaraciones, el director territorial se entrevistó con el funcionario y este le manifestó textualmente: “Lo siento, la he cagado y asumiré todas las responsabilidades”.
En consecuencia, el letrado de la acusación popular que ejerce Ciudadanos estima que “habrá que llamar a este técnico a que declare” para que detalle ante la jueza “qué es lo que ha ocurrido”.
Próximas diligencias en el caso Les Naus
Respecto a las próximas actuaciones en la instrucción, García-Ontiveros ha avanzado que el día 24 de este mes está previsto que comparezcan como testigos otros cinco técnicos de Vivienda que, junto con los tres que ya han declarado, “revisaban posteriormente los expedientes de esta promoción”.
“Este tipo de procedimientos siempre deja una puerta abierta a la sorpresa”, ha señalado el abogado sobre el caso de Les Naus, al tiempo que ha recalcado que la jueza y la Fiscalía Anticorrupción continúan analizando si se produjeron o no irregularidades en las adjudicaciones de VPP. A su entender, la declaración de estos técnicos ha permitido aclarar varios aspectos “muy concretos”.