El jefe de Explotación Operativa del 112 compareció este martes como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la dana. Según su declaración, a las 14.00 horas del 29 de octubre de 2024 mantuvo una conversación en la sala con la exconsellera de Justicia e Interior e investigada en el procedimiento, Salomé Pradas, con el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, y con el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, a quienes trasladó su inquietud por la situación del barranco del Poyo.
A partir de ese momento, ha explicado, comenzó a registrarse en el centro una entrada masiva de avisos procedentes de toda la provincia, que ha descrito como una auténtica avalancha, y ha precisado que desde las 17.00 horas el volumen de llamadas era "insostenible" y resultaba imposible atenderlas adecuadamente.
Este técnico, según han indicado a Europa Press fuentes conocedoras de su testimonio, ha manifestado que, sobre las 14.00 horas, acudieron a las instalaciones del 112 Pradas, Argüeso y Suárez, acompañados por el exdirector general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, Alberto Martín Moratilla. Permanecieron allí unos 15 minutos interesándose por el funcionamiento de la sala y por las incidencias que se estaban gestionando en ese momento.
De acuerdo con estas mismas fuentes, el testigo ha apuntado que la presencia de los altos cargos se percibía más como una visita institucional que como una actuación motivada por especial preocupación ante el episodio meteorológico. Él, junto con otro técnico, fue quien proyectó la cartografía en los paneles y advirtió de las precipitaciones en Chiva y Cheste, ya con desbordamientos, que se desplazaban desde el interior.
En ese punto, ha relatado el jefe de Explotación Operativa, ya se tenía constancia de desbordamientos en zonas como Manises, Chiva y Buñol, con numerosas llamadas por achiques de agua en viviendas, un ámbito que calificó de especialmente delicado. Esta información, ha subrayado, se trasladó a los tres cargos presentes --Pradas, Argüeso y Suárez-- y, además, les indicó que el barranco del Poyo era motivo de preocupación, dado que se estaban recibiendo avisos de desbordamientos en áreas donde apenas estaba lloviendo.
El técnico ha señalado que antes de las 8:00 horas la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había elevado a rojo el nivel de alerta y que, desde primera hora, comenzaron a entrar llamadas desde la zona de Utiel y Requena hasta aproximadamente las 9:30. A partir de las 10:00, al continuar los avisos, se reorganizó el servicio y desde entonces se sumaron también comunicaciones procedentes de Chiva y Buñol.
Según su versión, la situación se estabilizó alrededor de las 13:00 horas, pero a partir de las 14:00 se registró un incremento muy acusado de las llamadas, coincidiendo con la llegada a la sala de Pradas y el resto de responsables --que volvían de una visita a la zona de Carlet, de donde, según su testimonio, apenas se recibían avisos--. El testigo ha precisado que solo habló con ellos en ese momento, que no le reclamaron más datos y que no se mencionó que el área potencialmente más afectada fuera Carlet. En ese tramo horario, ha insistido, la zona con mayor impacto era Utiel y Requena.
A partir de ahí, se produjo una nueva avalancha de llamadas y de información procedente prácticamente de toda la provincia, con una demanda tan elevada que sobre las 17:00 horas ya resultaba "insostenible" y no se podía dar respuesta a todo.
Ha añadido que los tiempos de ocupación de cada operador con cada llamada eran muy prolongados. Según su relato, no fue que el teléfono de emergencias 112 simplemente fallara, sino que "colapsó" y el propio sistema empezó a rechazar comunicaciones entrantes. En cualquier caso, ha recalcado que entre las funciones del 112 no figura la de trasladar información al Cecopi.
Interrogado por el ministerio fiscal, el testigo ha explicado que, por la tarde, Argüeso regresó a la sala para interesarse por la situación de personas conocidas que no conseguían contactar con el 112 y que estaba al tanto de lo que ocurría en Picanya. Ese segundo desplazamiento se produjo, según las fuentes consultadas, en torno a las 19.30 horas. El ex secretario autonómico se encontraba "muy nervioso" y "agitado" y reclamaba que se atendiera con urgencia la petición de auxilio que le había llegado.
Declaración sobre la retirada de bomberos forestales
En la misma jornada declaró también otro técnico, que ha afirmado que en la Sala de Mando y Control del Centro de Coordinación de Emergencias, durante el turno en el que estuvo de servicio, se habló de la retirada de los bomberos forestales del Poyo, un extremo que hasta ahora ningún testigo había reconocido.
Fuentes presentes en la comparecencia han señalado que se vivieron momentos de tensión, hasta el punto de recordarle que estaba declarando bajo juramento, ya que primero aseguró que se había tratado ese asunto, después lo negó y finalmente volvió a ratificar que se había comentado.
Este segundo testigo, técnico operador en la Sala de Mando y Control del CEE y encargado también de recibir los correos del SAIH, ha indicado que escuchó a una técnica facultativa preguntar qué ocurría con la retirada de los bomberos forestales y ha sostenido que en la sala se tenía conocimiento de esa retirada.
Asimismo, a preguntas de una de las acusaciones, ha precisado que la distancia a pie entre la sala del 112, la del Cecopi y la de control es de aproximadamente un minuto.