El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha acordado suspender cautelarmente el concurso público impulsado por Renfe para poner en marcha una nueva sociedad de autobuses junto a una compañía privada del sector, destinada a cubrir por carretera los servicios alternativos cuando las líneas ferroviarias quedan interrumpidas y no es posible la circulación de trenes.
Según han informado las patronales de transportistas Fenadismer y Anetra, el órgano administrativo ha basado su resolución en la conveniencia de evitar posibles daños que podrían ser de “difícil o imposible reparación” en caso de que el procedimiento de contratación siguiera adelante antes de analizar el fondo del recurso presentado por ambas asociaciones contra Renfe.
“Con esta medida, el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva”, señalan las dos organizaciones empresariales en una nota de prensa, difundida justo un día después de que este miércoles concluyera el plazo para registrar ofertas al concurso.
El origen de la controversia está en el proyecto de Renfe de crear una sociedad mixta, con un 51% del capital en manos de una empresa privada y el 49% restante en poder de la operadora ferroviaria, para asumir la gestión de los servicios sustitutivos por carretera. No obstante, el grueso del tejido empresarial del autobús sostiene que las exigencias de solvencia técnica y financiera fijadas en los pliegos son “totalmente desproporcionados y suponen un ataque directo a la libre competencia”.
Entre las condiciones que debían cumplir las compañías interesadas figuraba disponer de una flota propia de 500 autocares (o al menos una de 300 vehículos en caso de presentarse en consorcio), acreditar una facturación superior a 75 millones de euros y haber ejecutado contratos análogos por un importe mínimo de 35 millones de euros.
“En España, donde el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses), estas exigencias dejan fuera al 99% del tejido empresarial del sector. Solo una decena de grandes grupos podrían optar a un contrato que, de facto, veta la participación de las pymes y autónomos que hasta ahora venían prestando estos servicios con solvencia”, subrayan Fenadismer y Anetra.
Con todo, los pliegos de la licitación contemplan que esas pequeñas compañías puedan concurrir integrándose en consorcio con al menos una gran empresa para competir en el concurso. Por su parte, Renfe defiende que los requisitos de capacidad persiguen garantizar que el adjudicatario disponga en todo momento de los autobuses necesarios para responder a episodios de emergencia, en los que resulta imprescindible movilizar con rapidez un gran número de vehículos a fin de que los pasajeros puedan completar sus desplazamientos.