Una de las numerosas personas perjudicadas por la presunta trama que se juzga en la Audiencia de Valladolid por el “caso ataúdes”, y que desde hace días vienen declarando en sala, ha expresado este miércoles su asombro ante la posibilidad de que incluso el modesto féretro contratado para la incineración de su marido hubiera sido igualmente utilizado supuestamente por los acusados para revenderlo tras simular su quema.
La testigo, Agustina L, ha reiterado que cuando el juzgado le notificó que podía figurar entre las afectadas por la “Operación Ignis” pensó que tenía que tratarse de un error, especialmente porque para pagar el sepelio tuvo que recurrir a ayuda económica y la caja elegida era de las más básicas.
Por ello, le resultaba incomprensible que el ataúd de su esposo, fallecido el 30 de diciembre de 2002, también hubiera sido “reciclado”, término que, presuntamente, utilizaban los empleados del grupo funerario El Salvador para aludir a aquellas cajas a las que se les daba el cambiazo para su posterior reutilización.
“Me quedé pasmada, no pensé en ningún momento que pudiera figurar en la lista y que cometieran la estafa también con una caja barata”, ha reiterado la perjudicada, en manifestaciones recogidas por Europa Press.
La mujer ha indicado igualmente que en ningún momento llegó a ver cómo introducían el féretro de su marido en el horno crematorio. Antes de ello, Agustina ha explicado que tanto ella como su hija intentaron colocar unas flores en el interior, pero los trabajadores del grupo funerario investigado se lo impidieron alegando que ese gesto podía provocar una supuesta “contaminación”.
SIN DESPEDIRSE DE SU MADRE Y ENCIMA CAMBIAZO
Otra de las damnificadas, María Elena J, perdió a su madre el 5 de junio de 2010 y, como tantas otras familias, no pudo presenciar la incineración porque se lo vetaron. Muy afectada, ha relatado que, al conocer la posible estafa del cambiazo del féretro, revivió un enorme sufrimiento, ya que el fallecimiento de su progenitora fue especialmente traumático: no superó una intervención quirúrgica y ella no tuvo ocasión de despedirse.
“La herida por la muerte de un ser querido no se cierra nunca y lo sucedido supone volver a revivir aquel duro momento al pensar que han utilizado a mi madre como un desecho”, ha lamentado la declarante.
A su dolor se ha sumado también Francisco Javier H.A, quien contrató personalmente los servicios de El Salvador para el velatorio y la incineración de su padre Elviro, fallecido el 12 de mayo de 2013, ya que éste no tenía póliza. Ha relatado que vio acercar el féretro al horno y llegó a apreciar lo que ha descrito como “el color del fuego”, aunque más tarde supo que el ataúd abonado no fue el que se empleó en el proceso, sino uno de color blanco.
De hecho, en la vista se le ha mostrado una fotografía de su padre camino del horno en un féretro blanco, completamente distinto al que él había pagado, y con el detalle añadido de que, a los pies del difunto, dentro de la misma caja, los empleados habían colocado una pequeña caja, como si supuestamente contuviera efectos personales del fallecido que su hijo dice desconocer.
El afectado ha expresado igualmente su profundo malestar por todo lo sucedido, ya que, como ha puntualizado, procede de una familia religiosa y enterarse de estos hechos ha supuesto para ellos un “quebranto moral muy grande”.
La nueva sesión del “caso ataúdes” ha permitido de nuevo al tribunal escuchar el relato de un total de once perjudicados, entre ellos Luis Antonio M.L, Miguel Ángel M, Jesús G.N, Jaime N, María del P.B, José Andrés S.J —quien contrató los servicios para sus padres, un tío y un hermano—, Natividad G.P, Antonio F.A, Juliana F. y de nuevo Antonio F.A, que han coincidido en describir sus sentimientos con palabras como “rabia”, “dolor”, “impotencia”, “indignación” y “decepción”.
El último de ellos, Antonio F.A, afectado por el caso de su padre, fallecido el 31 de diciembre de 2014, ha añadido que, al conocer lo ocurrido, decidió “ir a por todas” contra los hoy 23 ocupantes del banquillo, entre ellos la viuda del magnate funerario ya fallecido y tres de sus hijos, además de varios empleados, al considerar que lo que supuestamente han hecho con los difuntos y sus familias es ya “cuestión de dignidad, una estafa y una tomadura de pelo” que exige la respuesta de la justicia.
El juicio se interrumpe ahora y la Audiencia de Valladolid no lo retomará hasta el 6 de abril, fecha en la que los perjudicados personados a través de las dos acusaciones particulares tomarán el relevo a los que hasta ahora ha ido presentando el representante del Ministerio Fiscal.
De forma provisional, la Fiscalía de Valladolid mantiene una petición de condenas que, en conjunto, superan los 200 años de prisión por delitos de organización criminal, estafa agravada, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental y contra el respeto a los difuntos.
Han quedado fuera del procedimiento, por fallecimiento, el patriarca y propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, y el extrabajador del grupo y principal testigo, Justo Martín, quien durante años fue anotando en libretas la actividad supuestamente delictiva.