Una antigua empleada de Funeraria Castellana, que trabajó como recepcionista y responsable de la cafetería del tanatorio viejo de Valladolid entre 2005 y 2006, ha confirmado que durante ese periodo escuchó en varias ocasiones entre la plantilla la expresión “reciclaje”. Al principio desconocía qué significaba exactamente, pero más tarde le aclararon que se trataba de dar el “cambiazo” a los ataúdes para sustituir, antes de la cremación, los féretros contratados por otros de coste muy inferior.
En la segunda sesión de declaraciones testificales del juicio del ‘caso ataúdes’, que se celebra en la Audiencia de Valladolid, la testigo, Sara Martínez Peña, ha ido un paso más allá y ha asegurado que esa práctica era sobradamente conocida por el personal del grupo, hasta el punto de que el término generaba sonrisas cómplices cuando se mencionaba entre compañeros.
La exempleada es la misma que el 31 de enero de 2019, tras la irrupción de la Policía Nacional en la llamada ‘Operación Ignis’ —con registros en distintas instalaciones del grupo y la intervención de cerca de un millón de euros en el cuarto de la plancha del dúplex del propietario— decidió telefonear a los agentes para relatar lo que sabía, después de ver la noticia en los medios. Según ha explicado, fue un amigo policía quien le animó a aportar su testimonio.
En la vista oral ha reiterado lo que ya contó entonces: que, tras oír repetidamente la palabra “reciclaje”, acabó enterándose, en una charla informal con otros trabajadores, de que los ataúdes que las familias pagaban no eran los que finalmente se incineraban.
“Me dijeron que antes de la incineración, que no dejaban presenciar a los familiares, se daba el cambiazo al ataúd por otro más barato. El de más calidad se llevaba a un garaje y luego era de nuevo trasladado al tanatorio para su reventa, al igual de lo que se hacía con las flores, previa modificación de algunos de los elementos de estas últimas”, ha ratificado la testigo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recordado el caso de un “arcón enorme” por su aspecto “espectacular y singular”.
Interrogada por el fiscal, la exrecepcionista ha negado que su relato esté condicionado por rencillas personales con la familia Morchón, pese a que fue despedida en 2006 junto a su novio, también empleado del grupo, después de que ambos fueran sorprendidos tomando copas en la cafetería del tanatorio, fuera de su jornada, y ocasionando ruidos.
La testigo, preguntada únicamente por las acusaciones y una de las diez defensas, ha añadido que no denunció los hechos en su momento porque, tras consultarlo con un policía municipal amigo suyo y con un periodista, ambos le advirtieron de que sin pruebas materiales no se podía actuar.
En relación con la cuestión que inspira el título de la película ‘Solo o en compañía’, sobre el crimen de los Urquijo, la exrecepcionista ha sido tajante, en la misma línea que el jefe del Grupo de Homicidios de Valladolid, instructor de las diligencias, quien el día anterior sostuvo que la operativa investigada no podía ejecutarla una única persona, ya que el traslado de cadáveres se hacía a pulso, exigía la colaboración de varias y requería una logística específica.
En la sesión también ha prestado declaración otra recepcionista de la funeraria, que continúa en plantilla tras más de dos décadas. Esta trabajadora ha negado tener conocimiento de la supuesta trama ni de que, una vez inaugurado el nuevo tanatorio en febrero de 2013 con su propio horno, las cremaciones se derivaran al cementerio de Santovenia, ya sin presencia de los familiares, para facilitar el intercambio de los féretros de mayor calidad por otros más baratos o incluso por palés.
El fiscal le ha citado hasta medio centenar de servicios que, según la abundante documentación reunida durante veinte años por Justo Martín Garrido —empleado ya fallecido que intentó usar esa información para presionar a la familia Morchón y mejorar su base de cotización de cara a la jubilación—, se habrían tramitado siguiendo este patrón. Pese a ello, la testigo María Belén Velasco ha reiterado que desconocía que las incineraciones se realizasen en el cementerio, a espaldas de las familias, para asegurar el ‘cambiazo’.
“No sé nada de eso. Sí sé que el horno del nuevo tanatorio dio muchos problemas y quizás por eso hubo casos en los que las incineraciones se tuvieron que llevar a Santovenia”, ha respondido la trabajadora.
Retrasos salariales y tensiones internas
La recepcionista en activo tampoco ha recordado un escrito que se le ha mostrado en sala en el que, presuntamente, la plantilla habría amenazado a la familia Morchón con revelar lo que ocurría en las instalaciones si no se les abonaban los atrasos salariales acumulados durante tres años. La empresa, según se ha expuesto, justificaba esos impagos alegando que la funeraria registraba pérdidas.
Esta trabajadora de Funeraria Castellana ha insistido en que tampoco estaba al corriente del intento de extorsión atribuido a Justo Martín, del que ha señalado que mantenía una mala relación con el resto de compañeros, ni de los hechos que este denunciaba, hasta que en enero de 2019 la policía irrumpió de forma sorpresiva en las dependencias del grupo. “Al ver a los agentes con metralleta no sabía qué pensar, estábamos todos impactados”, ha manifestado.
En términos similares, negando cualquier actividad ilícita dentro de la empresa, se han pronunciado también la trabajadora Gemma Parra Sanz y la responsable de contabilidad, María Ángeles García-Porrero. Quien no ha llegado a declarar, al acogerse a su derecho a no hacerlo, ha sido Fe Antonia Morchón, hermana del fallecido propietario del grupo funerario.
El proceso judicial afronta este miércoles su tercera jornada de testificales y se prolongará, según lo previsto, hasta el mes de junio. La Fiscalía mantiene su acusación contra 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador, para quienes reclama las penas más severas por presuntos delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios se señalan las sociedades Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.