CCOO ha comunicado que ha logrado una resolución judicial favorable después de que el Juzgado de lo Social número 3 de Albacete haya estimado parcialmente la demanda presentada por una trabajadora, al constatar la "inexistencia de protocolo de actuación" en Castilla-La Mancha frente a las agresiones al profesorado.
Tal y como detalla el sindicato en una nota de prensa, la docente fue objeto de una agresión física por parte de varios alumnos durante una pelea en el patio del centro educativo en el que trabaja, un incidente que le ha ocasionado secuelas físicas. A raíz de esta situación, la Administración educativa y la aseguradora han sido condenadas a abonar una compensación cercana a los 30.000 euros.
En los hechos probados se recoge que la profesora sufrió un accidente laboral el 14 de enero de 2022 cuando intentaba separar a varios estudiantes, resultando con fractura en el dedo anular de la mano derecha y lesiones en brazos y escápulas. Junto a las lesiones corporales, la sentencia recoge que padece un trastorno adaptativo mixto con ansiedad severa y estado de ánimo deprimido como consecuencia directa de la agresión.
Tras ser declarada apta con determinadas limitaciones, la trabajadora regresó a su puesto el 1 de junio de 2023. Posteriormente acudió a la vía judicial para reclamar una indemnización por "omisión de medidas de seguridad".
La resolución judicial señala que la Administración "no tenía establecido ni un protocolo de prevención de situaciones de violencia dirigidos a profesores en el ámbito de los centros educativos propios ni un protocolo de actuación en caso de agresión hacia el profesorado" y subraya que no pueden considerarse equivalentes ni el decreto de Convivencia Escolar ni la Guía de prevención y actuación ante conductas disruptivas graves en los centros educativos de Castilla-La Mancha.
En consecuencia, el fallo reconoce que la "ausencia de protocolos claros y eficaces" en Castilla-La Mancha para intervenir ante agresiones al profesorado supone una "deficiencia estructural", y relaciona de forma directa esta carencia con las demandas planteadas por CCOO en el ámbito de la negociación colectiva.
Tal y como recoge literalmente la propia sentencia, "dicha conclusión también se pone de manifiesto con la reivindicación contenida en el Acta de la Mesa Sectorial de Personal Docente No Universitario de fecha 14 de enero de 2025, donde se reclama la elaboración de los citados Protocolos en Castilla-La Mancha, a semejanza de los existentes en otras Comunidades Autónomas (Andalucía, Extremadura, Islas Baleares, Comunidad Valenciana)".
El texto judicial añade que, "habiendo sufrido la autora un accidente de trabajo sin que hubiera recibido formación e información precisa sobre cómo prevenir y actuar en caso de sufrir una agresión por persona que forma parte del centro docente, sin existir un procedimiento o protocolo específico de actuación, procede concluir la vulneración de las medidas de seguridad y salud laboral exigibles al empleador, en este caso, la Consejería de Educación".
En su demanda, la profesora reclama una compensación económica por los 503 días en situación de incapacidad temporal, por el lucro cesante y por el daño moral derivado de la pérdida de calidad de vida a consecuencia de las secuelas, teniendo en cuenta que no se le ha reconocido una incapacidad permanente en grado parcial.
Finalmente, el tribunal estima parcialmente la reclamación y condena a la Consejería de Educación y a la compañía aseguradora al pago de 3.000 y 25.691 euros, respectivamente.
Este pronunciamiento, que aún no es firme y frente al que cabe recurso, resulta "especialmente relevante" para CCOO, al entender que evidencia que "lo defendido y documentado en las Mesas Sectoriales tiene efectos jurídicos reales, y que la acción sindical rigurosa, constante y sostenida en el tiempo no solo es legítima, sino eficaz".
A partir de esta sentencia, CCOO reclama a la Consejería de Educación la puesta en marcha de medidas concretas, entre ellas la aprobación urgente de protocolos autonómicos de actuación frente a agresiones; la intervención de oficio de la Administración ante cualquier ataque al profesorado; una coordinación efectiva con la Fiscalía, la Inspección Educativa y las fuerzas de seguridad; apoyo jurídico, psicológico y administrativo a las víctimas; y actuaciones de prevención, formación y protección para evitar la normalización de estas conductas.