La magistrada del Juzgado de Instrucción de la plaza 20 del Tribunal de Instancia de Barcelona ha rechazado por tercera ocasión las medidas cautelarísimas planteadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que reclamaba paralizar la eutanasia prevista para la joven de Barcelona este jueves por la tarde, según consta en el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
La entidad Abogados Cristianos, que actúa en nombre del padre de la joven, presentó el miércoles un escrito ante la titular del juzgado solicitando que se le proporcionara de forma inmediata atención psicológica y psiquiátrica, además de la suspensión del procedimiento de eutanasia.
Es la tercera vez que esta fundación plantea la adopción de medidas cautelares en este órgano judicial, donde se instruye la querella presentada por la asociación contra dos de los profesionales sanitarios que valoraron a la joven, a quienes se les atribuyen presuntos delitos de falsedad en documento público y prevaricación.
Aunque Abogados Cristianos admite que “no hay una relación directa entre el tratamiento psiquiátrico y psicológico de la joven y el objeto procesal”, sostiene que este juzgado debería intervenir en virtud de un principio de justicia material y acceder a las medidas que se reclaman.
La jueza insiste en que no puede intervenir
En su resolución, la magistrada subraya que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 12 de Barcelona ya autorizó la eutanasia solicitada por la joven, y que esta decisión fue posteriormente confirmada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) como por el Tribunal Supremo.
“Hemos de reiterar que este juzgado carece de potestad para adoptar las medidas que se solicitan”, señala la jueza, que añade además que la joven no tiene la condición de parte en este procedimiento penal, por lo que un pronunciamiento en este sentido podría generarle una situación de indefensión.
En relación con la capacidad de la joven para decidir someterse a la eutanasia, la magistrada responde que “dicha cuestión ha sido resuelta tanto en vía administrativa como judicial, por cuya razón no cabe plantearse la necesidad del tratamiento psicológico y/o psiquiátrico”.