El Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar Viejo ha incoado diligencias para esclarecer la actuación de la alcaldesa de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, la socialista Soledad Ávila Ribada, ante un posible delito de prevaricación vinculado a adjudicaciones a familiares directos, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
El procedimiento arranca tras una denuncia interpuesta por el portavoz del PP en el municipio, Sergio Yunquera, en la que se le atribuyen supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por presuntas irregularidades en adjudicaciones realizadas sin seguir el procedimiento de contratación ni someterse a fiscalización previa.
Fuentes cercanas a la investigación indican que la Fiscalía aprecia indicios de que los hechos investigados podrían constituir un delito de prevaricación administrativa.
La denuncia detalla que, entre 2011 y 2023, etapa en la que Ávila ocupó distintos cargos en el Ayuntamiento —primero como concejala de Educación y tercera teniente de alcalde y, más tarde, como alcaldesa— se habrían tramitado facturas por unos 135.000 euros por trabajos encargados a varios familiares: tres hermanos, una cuñada y dos sobrinos.
El escrito que sustenta la denuncia sostiene que esas adjudicaciones se habrían efectuado “a dedo”, mediante contratos sin propuesta formal de gasto ni apertura de expediente de contratación.
Asimismo, se recoge que parte de esas facturas habrían sido rubricadas por la propia regidora, incluso en supuestos en los que la intervención municipal había formulado reparos, esto es, informes de suspensión por incumplimiento de los procedimientos legales.
De acuerdo con las mismas fuentes, esos reparos habrían sido posteriormente levantados por la Junta de Gobierno, órgano en el que participaba Ávila, lo que permitió abonar las facturas pese a las advertencias técnicas.
La causa se apoya en un análisis forense de la facturación encargado por el grupo municipal del PP y remitido después a la interventora municipal, quien habría puesto en marcha de oficio una auditoría interna de las cuentas públicas tras detectar anomalías al revisar documentación y correos electrónicos.
En el marco de la instrucción, la interventora y varios peritos que intervinieron en el informe de facturación han sido llamados a declarar el próximo 6 de mayo en calidad de testigos, según las mismas fuentes.
Las diligencias continúan en curso y el juzgado sigue practicando actuaciones para aclarar lo sucedido. Por ahora, la alcaldesa no ha sido citada a declarar.