El conocido 'caso ataúdes', que se juzga en la Audiencia de Valladolid, ha vuelto a poner este martes en primer plano las dudas de numerosas familias sobre si las urnas que guardan en casa contienen realmente las cenizas de sus seres queridos o si, incluso, podrían estar mezcladas con restos de otras personas. Entre ellas se encuentra María del Carmen B, madre de Ismael, fallecido el 8 de noviembre de 2003.
La mujer, una de casi una veintena de afectados que han declarado ante el tribunal, ha relatado que la incineración de su "niño" tuvo lugar en el cementerio de Santovenia y congregó a mucha gente, sobre todo de Laguna de Duero, ya que el fallecido "tenía muchos amigos". Ha rememorado cómo el féretro fue situado bajo un porche, en el exterior, antes de que ella lo perdiera de vista camino del horno crematorio.
María del Carmen, en manifestaciones recogidas por Europa Press, ha criticado la celeridad con la que se desarrolló todo, en torno a diez minutos, y ha revivido el instante en el que se aferró al ataúd para despedirse de su hijo y uno de los trabajadores "tiró de la mesa" y se lo llevó. También ha denunciado que, pese a la gran cantidad de flores y coronas que recibieron, únicamente quedó una pequeña flor a los pies del columbario.
Cuando fueron a recoger las cenizas, su hijo mayor discutió con un empleado del grupo funerario al ver que la urna estaba tirada en el suelo del local. "Le sentó muy mal y discutió con el señor", ha recordado la afectada, que antes de abandonar la sala, "a modo de reflexión", ha expresado públicamente su miedo a que las cenizas entregadas no correspondan íntegramente a su hijo.
"Cuántas personas hay en la urna de mi hijo", se ha preguntado María del Carmen, momento en el que el magistrado presidente ha intentado calmarla asegurándole que, con total seguridad, los restos que conserva son de su familiar y precisando que el objeto del juicio es aclarar un posible cambiazo del ataúd.
En la misma línea, otro de los perjudicados, Roberto P, ha apuntalado la sospecha de reutilización de féretros por parte de los acusados. Ha explicado que su padre, muerto el 22 de agosto de 2013 en Gijón, llegó a Valladolid dentro de una caja de zinc precintada que, en teoría, debía ser incinerada en las instalaciones del tanatorio El Salvador.
Siete años más tarde, la familia supo por la policía que la cremación no se había realizado allí, sino en el cementerio de Santovenia, sin que nadie les hubiera solicitado permiso para ese cambio. Además, comprobaron mediante fotografías que el cuerpo no fue quemado dentro de la caja.
Restos sobre un palé y últimas voluntades incumplidas
"En las fotos vi a mi padre sobre un palé y con un cartón con su nombre en el pecho. Me parece una barbaridad, una crueldad extrema y una falta de profesionalidad por parte de esta gente que merece una repulsa total", ha censurado Roberto P ante el tribunal.
Igualmente duro es el caso de Antonio, fallecido el 28 de mayo de 2014 tras un suicidio. Su viuda, María Begoña P, ha detallado que su marido dejó escrita su última voluntad: un velatorio íntimo, solo con su mujer y sus hijos, seguido de la incineración. Ella está convencida de que ese deseo no se respetó.
"Tengo sentimientos encontrados, por la noche no paro de pensar que su última voluntad no se ha podido cumplir. No se puede estar con esta zozobra, no han respetado a los muertos, algo que es lo más sagrado en todas las civilizaciones", ha manifestado con enorme pesar María Begoña.
También ha declarado María José C, madre de Sandra, fallecida el 5 de diciembre de 2004 a causa de un cáncer con apenas siete años. La familia confió en los Morchón, propietarios del grupo funerario, por recomendación de un amigo íntimo y contrató sus servicios sin imaginar lo que años después se conocería públicamente.
Aunque han pasado años desde la muerte de la niña en el Hospital Campo Grande, a los ocho días de su ingreso, su madre sigue sin encontrar palabras para describir su dolor. "Puf, ha supuesto un quebranto moral, psicológico y en todos los sentidos", ha confesado la testigo.
Ese mismo daño psicológico es el que ha relatado Begoña M.A, actualmente de baja laboral a raíz del impacto que le causó verse incluida entre las afectadas, como le notificó el juzgado tras el fallecimiento de sus padres en 2011, con apenas seis meses de diferencia. También lo sufre Cipriana Ángeles G, viuda de Carlos, muerto en 2012, cuya hija continúa recibiendo apoyo psicológico.
Dudas sobre las cenizas y acusaciones de reutilización
Durante la sesión han declarado además María Eusebia N, José Manuel C, María Eugenia R. y María Asunción B, todos ellos con reproches similares sobre los servicios funerarios contratados para sus familiares. La primera, hija única, ha descrito lo sucedido con su padre como un "palo psicológico" porque no sabe si las cenizas que conserva son realmente las suyas. José Manuel C, por su parte, ha expresado su dolor ante la posible manipulación ilícita de los cuerpos de su hermano y de un sobrino, ambos fallecidos tras largas enfermedades.
En el caso de María Eugenia R, viuda de Esteban, muerto el 12 de mayo de 2012, la mujer no entiende cómo los acusados siguen hoy en el negocio funerario. Ha recordado que ya entonces sospechó que la incineración no se había desarrollado con normalidad cuando abrió la urna, esparció las supuestas cenizas de su esposo y descubrió, atónita, que eran "piedras".
Por su lado, María Asunción B ha contado que su intención inicial era contratar un ataúd sencillo para su padre, fallecido el 6 de marzo de 2005, pero que, ante la insistencia de una de las integrantes de la familia Morchón, acabaron eligiendo uno mucho más caro. Recuerda que todo se hizo "a la carrera" y, preguntada por lo que sintió al conocer el presunto cambiazo, ha descrito su incredulidad. "No pensábamos que pudiera haber personas con tan baja moral capaces de hacer una cosa así", ha señalado.
El juicio continuará este miércoles con una nueva sesión en la que está previsto que declaren otra veintena de perjudicados. A partir de la próxima semana será el turno de los testigos propuestos por las defensas.