Una de las personas afectadas por la presunta red que, entre 1995 y 2015, habría sustituido ataúdes antes de las cremaciones aprovechando la estructura del grupo funerario El Salvador de Valladolid, ha hecho pública la profunda indignación que sintió al conocer lo ocurrido a través de la prensa. “La verdad es que me llevé el disgustazo padre al pensar que habían puesto a mi marido encima de un palé para quemarle”, ha manifestado.
En la tercera sesión de esta semana dedicada a escuchar a las personas perjudicadas, las nueve que han declarado ante la Audiencia de Valladolid, al igual que quienes lo hicieron en días previos, han coincidido en que recurrieron al grupo El Salvador porque sus allegados tenían contratado un seguro de decesos y que nadie presenció la cremación, ya que los trabajadores “echaron las cortinas”.
Entre las testigos figura María del Lirio del P.G, que recurrió a los servicios de los investigados tras el fallecimiento de su marido, el 2 de enero de 2005, y de su padre, el 15 de enero de 2013. Respecto a la incineración de su esposo en el cementerio de Santovenia de Pisuerga, ha denunciado que, una vez finalizado el acto, “no habían pasado ni quince minutos y ya habían desaparecido las dos coronas, los cuatro centros y los ramos de flores que había”, apuntando a una supuesta reutilización de los adornos florales por parte de los acusados.
La mujer, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha señalado que, al conocer la presunta estafa relacionada con el cambiazo de féretros y el aprovechamiento de las flores, sintió un enorme sufrimiento.
“La verdad es que me llevé el disgustazo padre al pensar que habían quemado a mi marido sobre un palé”, ha reiterado la testigo. A su dolor se han sumado María José C, María del R.C, Manuel G.H, Bonifacio A.G, María del Carmen S.G, María Asunción C. y Manuel G.G, quienes han subrayado que, a día de hoy, ni siquiera pueden estar seguros de que las cenizas que conservan correspondan realmente a sus familiares.
Féretro equivocado y dudas sobre las cenizas
María Asunción C. ha relatado que los problemas comenzaron en el mismo momento en que llegó el ataúd y comprobaron que no era el modelo elegido para la incineración de la madre de su marido.
“Nos dijeron que había sido un error. Además, queríamos llevarnos las flores pero fue imposible porque nos indicaron que teníamos que haberlo dicho con antelación”, ha explicado María Asunción, que ha recalcado que ahora, “visto lo visto”, mantiene serias dudas de que la urna que recogieron contenga las cenizas de su suegra, una mujer que “vivió una guerra civil y sufrió dieciséis años de cautiverio”.
En la misma línea se ha expresado Manuel G.G, que con 17 años tuvo que afrontar el “traumático” entierro de su padre, Francisco, fallecido el 31 de diciembre de 2005. “Tengo las cenizas en mi casa y no sé de quién pueden ser. Siento que nos han engañado con el pago del ataúd si es verdad que lo quemaron sobre un palé”, ha señalado.
También ha trasladado su sufrimiento la afectada Alicia P.P, derivada por Ocaso a la empresa de los acusados para despedir a su padre, fallecido el 2 de enero de 2006 y, como en numerosos casos, incinerado en el cementerio de Santovenia tras el cierre de las cortinillas, que impidió ver el proceso. “Nos sacaron muy rápido de allí y no vimos nada, aunque entonces nos pareció que era lo habitual”, ha relatado Alicia.
Entre lágrimas, ha confesado sentirse “muy mal por tener que revivir momentos muy dolorosos” por la muerte de su padre, de tan solo 52 años, y por descubrir, en las Navidades de hace tres años, que su experiencia formaba parte de una extensa causa judicial con casi 6.000 posibles perjudicados.
El juicio se interrumpe ahora hasta la próxima semana, cuando se reanudarán las vistas el lunes para continuar, hasta el 20 de abril, con la declaración de alrededor de 140 afectados.
La Fiscalía dirige su acusación contra 23 personas físicas, entre ellas la viuda y los tres hijos del fundador del grupo, para quienes reclama las penas más altas por delitos de organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental. Como responsables civiles subsidiarios se señalan las mercantiles Agencia Funeraria Castellana S.A. y Parque El Salvador S.L.