“¡Esto es una pillada, macho...nos quedan unos meses muy malos por delante!”, forma parte de una conversación intervenida en febrero de 2019 dentro de los 'pinchazos' telefónicos practicados por la Policía Nacional en la investigación que destapó, presuntamente, el cambiazo masivo de ataúdes en Valladolid por parte del grupo funerario El Salvador, causa que mantiene desde hace meses en el banquillo a 23 procesados.
La Audiencia de Valladolid ha vuelto a escuchar este martes la grabación, a instancia del fiscal, en la que intervienen el todavía empleado del grupo, Santiago R.I, que ha comparecido como testigo, y José Antonio Morchón Alonso, uno de los acusados y hermano de Ignacio, antiguo propietario de la empresa ya fallecido.
La llamada se sitúa en la noche del 2 de febrero de 2019, apenas dos días después de la entrada de la Policía Nacional en distintas sedes de El Salvador, en el marco de la 'Operación Ignis', culminación de unas pesquisas sobre la supuesta actividad ilícita del grupo. A la mercantil se le atribuye que, entre 1995 y 2015, habría sustituido cerca de 6.000 féretros para reutilizarlos en nuevos sepelios, con un beneficio aproximado de cuatro millones de euros, incluyendo el presunto 'reciclado' de arreglos florales.
En dicha conversación, José Antonio Morchón telefonea a la oficina de la calle Angustias, donde se hallaba Santiago R.I, y se le oye calificar la intervención policial como una “¡pillada, macho!”, anticipar “unos meses muy malos por delante” y sostener que la operación no se originaba en la denuncia del entonces trabajador Justo M. sino que “viene de interior”. Su interlocutor relata que ya había hablado con dos de las hijas del dueño, Rosi y Laura, y ambos comentan la conveniencia de contratar en Madrid un bufete potente de abogados, “¡no quedan más cojones!”.
El testigo Santiago R.I, empleado de El Salvador desde hace 44 años y familiar de uno de los veintitrés encausados, ha manifestado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que en aquella llamada se encontraba “desconcertado” por lo sucedido y por el descubrimiento de unos hechos que asegura no haber visto ni imaginado durante su larga trayectoria en la empresa, donde ha trabajado en la oficina central como administrativo y en atención al público y venta de ataúdes.
“Esas denuncias me han sorprendido”, ha reiterado el testigo, quien, pese a haber ejercido como representante de los trabajadores, ha negado conflictos internos por impagos de nóminas. Ha dicho no recordar un escrito, firmado por él y otros delegados sindicales en 2014, remitido a la dirección para exigir atrasos de 2012 y 2013 y en el que se reprochaban las “pérdidas” alegadas por la compañía. Tampoco dice recordar otro documento intervenido en el domicilio de Ignacio Morchón Vaquero, también acusado e hijo del empresario fallecido, donde se advertía de que se desvelaría lo que estaba ocurriendo con féretros y flores si no se condonaban esos atrasos a la plantilla.
Lo que sí ha precisado, en línea con otros trabajadores, es que quien realmente mandaba en El Salvador era el fallecido Ignacio Morchón Alonso y que su esposa, María del Rosario, y sus tres hijos, Ignacio, Rosi y Laura, apenas tenían peso en la gestión, incluso tras la jubilación formal del empresario, como ha corroborado la también testigo Sonsoles R.R, encargada de las incineraciones desde 2018, que ha asegurado seguir recibiendo órdenes directas de él en la práctica.
Otro empleado veterano, Manuel C, con 33 años en la compañía, ha relatado que Ignacio Morchón Alonso se refería a la plantilla como sus “obreros” y que no permitía que ni sus hijos ni su mujer “metieran mano en la empresa”. Ha añadido que María del Rosario era “una ama de casa de las antiguas que tenía la comida hecha cuando su marido llegaba a casa”. Más adelante, antes de terminar su declaración, ha reconocido que un tío suyo es hermano de la citada.
3.000 ataúdes defectuosos importados de China
En la sesión de este martes también han declarado, a propuesta de las defensas, Ignacio C.C, en nombre de una empresa valenciana de féretros, y Jesús V. de P, contable de dos firmas de Victorio Senovilla, acusado este último de falsificar facturas para simular el suministro de cajas a la familia Morchón.
El representante de la mercantil Maderarte ha explicado que en 2010 su empresa vendió a Senovilla cerca de 3.000 ataúdes que habían sido adquiridos previamente en el mercado chino y que presentaban diversos defectos. Esos féretros no podían comercializarse al público en su estado y se habían convertido en un problema de almacenamiento para la firma valenciana, que necesitaba darles salida y liberar espacio en su nave.
A través de intermediarios, contactaron con Victorio Senovilla y cerraron una operación por la que este se hizo con el lote completo de los 3.000 féretros “defectuosos”, a un precio de 50 euros por unidad, que requerían trabajos de restauración antes de poder venderse.
“Se le hizo ese precio porque el compromiso era que se llevara todo el pac de las cajas a las que se puso el sello de semielaboradas”, ha puntualizado Ignacio C.C, cuya declaración busca rebatir la tesis de las acusaciones de que el grupo El Salvador se habría apoyado en proveedores como Senovilla para emitir facturas falsas por féretros inexistentes y así dar cobertura contable al desfase de stock.
Por su parte, el contable de Victorio Senovilla y Fabricados Senovilla durante quince años, entre 2003 y 2018, ha negado que las empresas mantuvieran una doble contabilidad o que su jefe le ordenara presentar libros con datos falsos.
Ha recordado que, en dos inspecciones de la Agencia Tributaria correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013, le tocó representar a Victorio ante Hacienda, aportando la facturación con Funeraria Castellana y justificando retiradas de fondos de las cuentas bancarias, sin que ninguna de esas comprobaciones derivara en expediente sancionador.