QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha requerido un encuentro urgente con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, posterior a la huelga iniciada este martes por la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales en protesta contra las reformas del Gobierno en justicia, enfatizando nuevamente su desacuerdo con el paro de tres días.
«Anunciamos formalmente que una vez que termine la huelga vamos a solicitar una reunión urgente con el Ministro de Justicia, a los efectos de poder transmitirle directamente todas nuestras posiciones», informó la asociación mediante un comunicado, según Europa Press.
Exceptuando a dos asociaciones, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la UPF, las demás han comenzado un paro de tres días –1, 2 y 3 de julio– contra las reformas propuestas por el Gobierno sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, considerando que estas constituyen un ataque a la independencia judicial y al Estado de Derecho. No obstante, Bolaños ha descartado retroceder, declarando que las reformas son «imprescindibles» para la modernización de la Justicia.
ASPECTOS «IMPRESCINDIBLES»
La UPF ha reiterado su no apoyo a la huelga argumentando que las reformas legales no comprometen el Estado de Derecho ni la independencia de jueces y fiscales. Además, ha destacado que rechazar completamente los dos textos prelegislativos significaría decir no a aspectos como el «blindaje legal de las becas para preparar oposiciones» o la creación de «un centro público de preparación de oposiciones accesible a personas de todas las rentas y lugares de España», lo cual no limita la libertad individual de seleccionar a su preparador.
Además, la UPF cuestiona la desconfianza hacia la introducción de un supuesto práctico en los exámenes, preguntando: «¿Por qué genera tanta desconfianza la introducción de un supuesto práctico si el tribunal evaluador tiene plena autonomía y el Gobierno no participa en su nombramiento?, ¿por qué se dice que se puede filtrar ese examen si eso nunca ha acontecido con el tipo test después de más de veinte años?».
Finalmente, la UPF recalca que no apoya la huelga también porque considera necesario un debate constructivo y no tóxico, que no prejuzgue las posiciones orientadas al diálogo y la negociación: «La ciudadanía debe saber que no podemos ni queremos colaborar en un debate tóxico y viciado donde se deslegitima de antemano a las posiciones partidarias de la negociación y del diálogo. La sociedad debe saber que lo que se está debatiendo no es una ley que afecta a un gobierno concreto o a un FGE concreto sino a un nuevo modelo de proceso penal que nos debería servir para 2-3 generaciones, es decir, para los próximos 50 años. ¿No merece la pena un esfuerzo de encuentro y diálogo entre todos para establecer todas las mejoras que sean necesarias?».
Asimismo, han pedido que los Grupos Parlamentarios convoquen a todas las asociaciones de jueces y fiscales para ser escuchados donde corresponde, en el órgano de soberanía nacional. «En el trámite legislativo urgente, la posibilidad de escuchar en comisión a grupos o asociaciones no está expresamente prevista como obligatoria, por ello puede hacerse si así lo decide la comisión o la Mesa correspondiente».
«UPF asume a todos los efectos una posición que, frente a la opción de disputa disruptiva cortoplacista, ofrecerá siempre una apuesta por el diálogo institucional y parlamentario con el objetivo de, entre todos, sin vencedores ni vencidos, construir el modelo de justicia independiente, moderno, eficiente y eficaz que la sociedad española merece y exige», concluyó la asociación.
