Víctimes Dana 29O reitera el “fraude” del aforamiento de Mazón y afea la “estrategia política” de las acusaciones populares

Las víctimas de la Dana 29O recurren al TSJCV por el aforamiento de Mazón y denuncian el uso político de la causa por parte de acusaciones populares.

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Asociación Víctimas Dana 29O ante el TSJCV ASOCIACIÓN VÍCTIMAS DANA 29O

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La Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024 ha remarcado este viernes que su recurso de súplica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), presentado tras el rechazo a investigar al 'expresident' Carlos Mazón por su actuación durante las riadas, vuelve a incidir en el supuesto “fraude” del aforamiento del ex jefe del Consell. Al mismo tiempo, la entidad censura la “estrategia política” de varias acusaciones populares que en los últimos días han abandonado el procedimiento “tras considerar cumplidos sus objetivos políticos o interpretar determinadas resoluciones como una victoria”.

En un comunicado, la asociación sostiene que, en la fase procesal actual, “la mejor vía real” para garantizar una “investigación efectiva” es el recurso de súplica ya interpuesto, cuyos fundamentos jurídicos entiende que se ven “reforzados” por la propia actuación del TSJCV, “que ha incurrido en una maniobra fraudulenta, contraria a la Ley Orgánica del Poder Judicial y a los principios básicos del proceso”.

A juicio de la entidad, “el TSJCV ha evitado asumir la competencia, lo que le obligaría a actuar con todas las consecuencias, pero, al mismo tiempo, ha condicionado la causa con valoraciones que solo corresponderían a una fase posterior del procedimiento”.

Para la asociación, esta resolución constituye una decisión “calculada, ambigua y profundamente lesiva para los derechos de las víctimas, que deja la investigación en una inseguridad jurídica intolerable”. Por este motivo, desde la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 reclaman que se admita el recurso de súplica con el fin de “corregir la indefensión de las víctimas”.

La entidad aclara que “el recurso no cuestiona que, con carácter general, el TSJ sea el órgano competente para investigar a diputados autonómicos. Lo que se impugna es la aplicación automática del aforamiento en este caso concreto, sin un análisis riguroso de su finalidad ni de las circunstancias en las que se produjeron los hechos”, y reitera que el aforamiento es una “excepción al principio del juez predeterminado por la ley y que, como tal, debe interpretarse de forma restrictiva”.

En esta misma línea, defiende que dicha prerrogativa “solo tiene sentido cuando protege la función parlamentaria, no cuando se convierte en un mecanismo de protección personal”. Por ello, insiste en que el recurso “no es un trámite” sino “una impugnación directa a una forma de actuar que desnaturaliza el Estado de Derecho y convierte una garantía procesal en un instrumento de protección personal”.

RETIRADA DE VARIAS ACUSACIONES POPULARES

Respecto a la salida en los últimos días de la causa de diversas acusaciones populares --entre ellas Hazte Oír o Liberum--, la asociación considera que se trata de un “hecho especialmente grave” al entender que la vía judicial “no puede utilizarse como un arma política”.

Según la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024, estas acusaciones populares, “lejos de responder a una búsqueda honesta de la verdad, han abandonado el procedimiento tras considerar cumplidos sus objetivos políticos o tras interpretar determinadas resoluciones como una victoria”.

“Esto evidencia algo muy preocupante: para algunos actores, el proceso judicial no era un espacio de justicia, sino una herramienta de estrategia política. Frente a eso, las víctimas lo decimos alto y claro que estamos aquí por la verdad, la justicia y la reparación. Y vamos a seguir hasta el final”, subrayan desde la entidad.

En coherencia con esta postura, la asociación recalca que su recurso “pone el foco donde debe estar: en el uso indebido del aforamiento y en la necesidad de evitar que se convierta en un privilegio personal. No se puede permitir que una figura excepcional se utilice para eludir la investigación de unos hechos que no guardan relación con la función parlamentaria, sino con la gestión de una emergencia con consecuencias irreparables”.