En el inicio del juicio de la Audiencia Nacional, la defensa del comisario en retiro José Manuel Villarejo, representada por su abogado, ha declarado que Villarejo sufrió una «investigación prospectiva y general» –como en otros casos– relacionada con su labor de investigación de posibles irregularidades en el concurso de acreedores de la constructora Martinsa-Fadesa a través de su empresa privada.
Durante la etapa de conclusiones previas, se mencionó que la investigación «es general porque no se puede deducir de una simple denuncia» en referencia a la pieza principal del ‘caso Villarejo’, que aludía con «vaga imprecisión» a «otros encargos similares» para «ver cuáles otros encargos prospectivos podía haber cometido».
Se criticó una «acusación sorpresiva» por el delito de falsedad en documento mercantil, una crítica que el abogado de Redondo también respaldó. Ambos defendieron que la acusación no fue suficientemente motivada, alegando indefensión.
Por su parte, el fiscal rechazó la idea de que la investigación fuera prospectiva, argumentando que «desde el inicio constaba la existencia de otros encargos similares al denominado ‘proyecto King’ que se mencionaba en la denuncia, otros proyectos de investigación ejecutados por el encausado mientras estaba en servicio activo como comisario del Cuerpo Nacional de Policía». Afirmó que el ‘proyecto Saving’ «no fue conocido en el curso de una investigación general o prospectiva, sino que fue conocido en el curso de una investigación amparada en sólidos indicios de la comisión de delito».
Además, la Fiscalía añadió que durante la instrucción se investigó la «manipulación de los conceptos de las facturas», y pide 23 años y 6 meses de cárcel para Villarejo por esta pieza del caso, y 18 años y 9 meses para su socio.
Anticorrupción también detalló en su escrito de acusación que en julio de 2011, Moya contactó al comisario para que le ayudara a resolver un conflicto con Martinsa-Fadesa y su presidente, tras una inversión de más de 100 millones de euros en acciones de la compañía en 2007. A pesar de tener un contrato de opción de venta, la opción no pudo ejecutarse al declararse el concurso de Martinsa-Fadesa en julio de 2008.
Según el fiscal, Villarejo fue contratado para investigar «posibles irregularidades» en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa, y además, se obtuvo información sobre diversas personas involucradas en la inversión y el procedimiento concursal. Se menciona que Moya pagó a CENYT 501.500 euros por estos servicios, con facturas que intentaban ocultar la naturaleza del servicio prestado.