El excomisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado ante la Audiencia Nacional (AN), en el juicio por el denominado 'Proyecto Grass', que en ningún momento espió al empresario Joaquín Molpeceres, exsuegro del también procesado Antonio Chávarri. Ha sostenido que su papel se limitó a un asesoramiento jurídico en lo que él mismo definió como “un enfrentamiento duro entre un suegro y su antiguo yerno”.
Villarejo ha declarado este jueves en la cuarta sesión de la vista oral en la AN, en la que se juzga al antiguo mando policial, a su socio Rafael Redondo y a Chávarri por un supuesto encargo de espionaje en el ámbito empresarial.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, el empresario, cuya compañía fue declarada en concurso en 2012, habría recurrido a los servicios del comisario retirado a cambio de más de 400.000 euros, con el objetivo de localizar posibles irregularidades de su exsuegro, principal acreedor del procedimiento concursal.
Durante su testimonio, Villarejo, que solo ha contestado a las preguntas de su letrado, ha detallado que su labor fue “fundamentalmente de estrategias jurídicas”. Ha añadido que “aunque lo aliñáramos un poco, con cierto análisis, porque había que cobrar un poco más de lo habitual en el sector”.
Ha insistido en que en este asunto no desempeñó tareas propias de un agente de policía y ha defendido que, de haber actuado como tal, “habría salido en los diarios”. “El problema es que mi vida es transparente, muy a pesar mío”, ha manifestado ante el tribunal.
El excomisario ha rechazado igualmente haber elaborado informes sobre las supuestas víctimas de espionaje. Según su versión, “nosotros lo que hacíamos eran notas internas, notas de trabajo, como guiones. Para luego mantener las reuniones con los clientes”.
Ha recalcado que su mercantil “jamás fue una agencia de detectives”, sino “una empresa de análisis de información”, y ha subrayado que nunca pretendió “hacer la competencia a ningún detective”.
En relación con la obtención de datos, ha explicado que recurría a “fuentes abiertas y fuentes restringidas que iban con un previo pago” y ha negado haber accedido a bases de datos policiales para sus investigaciones privadas.
En el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicitan 12 años de prisión para Villarejo por presuntos delitos de cohecho pasivo, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil.
El Ministerio Público dirige también cargos contra su socio Rafael Redondo, para quien reclama 4 años y 6 meses de cárcel por cohecho pasivo y falsedad en documento mercantil. En cuanto a Antonio Chávarri, la petición asciende a 7 años de prisión por los mismos delitos.
Reuniones entre Chávarri, Villarejo y Redondo
En su declaración, Chávarri, que al igual que Villarejo solo ha respondido a su defensa, ha explicado que su “objetivo concreto” era “poder cerrar un concurso que tenía abierto de una promotora inmobiliaria en la que había un acreedor que era exfamiliar y era el único que estaba dando problemas”.
Ha admitido que en 2012 mantuvo tres encuentros con Villarejo y con Redondo. En el primero, se limitó a exponerles la situación del concurso sin abordar cuestiones económicas y, según ha relatado, en la segunda reunión aceptaron el encargo.
En esa segunda cita sí se habló de los honorarios y fue cuando, según ha dicho, conoció personalmente a Redondo. No obstante, ha reconocido que no conserva la impresión de haber tratado “nada en concreto”.
Ha descrito que “no había una sensación de información clara ni de nada. Eran datos aislados, no había un hilo argumental, no había nada concreto ni sólido que me valiera a mí para quedarme tranquilo. De hecho, no estaba muy tranquilo”.
Sobre la tercera reunión, ha indicado que se celebró para apremiar a Villarejo y a su socio, dado que “el proceso del concurso seguía hacia delante” y él “seguía pagando unas cantidades importantes mensuales y no tenía ningún resultado”.
Conflicto familiar y preocupación por la privacidad
Por su parte, Rafael Redondo ha recordado que su cliente le trasladó una “situación personal complicada”, en la que Molpeceres “quería perjudicar a todos”.
Ha explicado que Chávarri “estaba atado de pies y manos” porque no deseaba “tomar acciones contra él” debido a su contexto familiar, que era “lo más importante para él”.
El propio empresario ha negado que su intención fuera “perjudicar” a su exsuegro, recordando que “hay una relación” en la que intervienen su exmujer y sus hijas.
Ha asegurado que no actuó de forma “opaca”, sino que acudió “en busca” de preservar su intimidad. En este punto, ha mencionado que en su despacho trabajaban “200 abogados”, lo que, a su juicio, incrementaba “la capacidad de fuga de información a unos entornos cercanos” a su familia.
En relación con sus allegados, ha explicado que no quería que pensaran “mira, papá está investigando al abuelo” y ha resaltado que “mucha gente del entorno de la familia” le advirtió de que su exsuegro decía “que va a sacar provecho del divorcio”. “Y yo no quería pelear con nadie”, ha concluido Chávarri ante el tribunal.
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha fijado que la vista se reanudará el próximo 7 de enero, fecha en la que las partes presentarán sus informes finales antes de que el caso quede visto para sentencia.