QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Los miembros progresistas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han insistido en que Isabel Perelló, su presidenta, ha fracturado deliberadamente el ‘consenso que había regido este primer año’ en el órgano gubernamental de los jueces, tras modificar las comisiones de una forma que consideran un ‘golpe a la representatividad plural y una grave distorsión de la colegialidad institucional’.
El martes, el CGPJ emitió una nota de prensa explicando las renovaciones en las comisiones, incluyendo la Comisión Permanente, un órgano crucial en el funcionamiento diario. Según el Consejo, los equilibrios entre sus miembros se ‘mantienen exactamente igual’, sin alteraciones. Sin embargo, los vocales progresistas han destacado que estos equilibrios han sido alterados con la inclusión y exclusión de miembros en diversas comisiones, no solo la permanente, sino también en otras comisiones legales y reglamentarias.
Los conservadores y el vocal Carlos Hugo Preciado, a quien los progresistas no consideran representativo de su cuota porque se ha distanciado de la disciplina de voto y actúa de manera independiente, han apoyado la propuesta de Perelló para la renovación de las comisiones, dando el control de la Comisión Permanente al bloque conservador.
QUIEBRA DE LA CONFIANZA
En su comunicado, los vocales progresistas, incluido el magistrado José María Fernández Seijo, quien ha presentado su dimisión a Perelló, han denunciado que la presidenta del CGPJ ‘ha quebrado las condiciones básicas de confianza que ella misma había proclamado al inicio del mandato’. Han criticado que se han reducido ‘las posibilidades de conciliación familiar y respeto personal, pilares del nuevo Consejo, bajo una lógica de exclusión e imposición’.
Desde el sector progresista se ve esta ‘reorganización interna’ como una ruptura premeditada del consenso, lo que representa un retroceso significativo. Reiteran su compromiso con un Consejo equilibrado, transparente y dedicado a su función constitucional de garantizar la independencia judicial y un servicio público de calidad en la justicia.
