El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el 'caso Begoña Gómez' ha decidido procesar finalmente a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida, dejando fuera el de intrusismo profesional.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el juez otorga un plazo de cinco días a todas las partes personadas para que “insten lo que consideren oportuno respecto de la apertura del juicio oral, formulando el correspondiente escrito de conclusiones provisionales”.
Así, el magistrado acuerda archivar la investigación por un posible delito de intrusismo profesional “al no haber más que un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos”.
El instructor, que se niega a ampliar el periodo de instrucción, también rechaza incorporar al procedimiento la vida laboral de Gómez o la actualización de las retribuciones de Cristina Álvarez, su asesora en el Palacio de la Moncloa. A Álvarez también la procesa, al igual que al empresario Juan Carlos Barrabés, los otros dos investigados en esta causa.
Cátedra en la Universidad Complutense
El juez aprecia indicios suficientes para procesar a Gómez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con la obtención de una cátedra en la Universidad Complutense. En su auto, subraya que no ha encontrado un caso comparable en democracia y llega a equiparar estas conductas con prácticas propias de sistemas absolutistas.
“Las conductas que provienen de palacios presidenciales (…) parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya superados en nuestro Estado”, sostiene el magistrado, que apunta incluso a precedentes históricos como el reinado de Fernando VII para contextualizar la gravedad del caso.
El juez señala que, desde la llegada de Sánchez al Gobierno, se adoptaron decisiones públicas favorables al proyecto académico de Gómez que podrían haberse beneficiado de su posición personal. En concreto, su condición de “esposa de” habría facilitado, según el auto, un acceso privilegiado para influir en dichas decisiones.
Respecto al delito de corrupción en los negocios, el magistrado considera que Gómez habría liderado la captación de fondos privados no para la cátedra pública, sino presuntamente para su beneficio personal. A cambio, apunta, se habría ofrecido a empresas una ventaja competitiva en procesos de contratación pública.
En cuanto a la malversación, el juez sostiene que Gómez habría sido “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente” del desvío de recursos, al utilizar de forma continuada a una empleada pagada por Presidencia para tareas ajenas a su función institucional.
Finalmente, también aprecia indicios de apropiación indebida por el registro a su nombre de un software desarrollado en el marco de la cátedra de Transformación Social Competitiva.
El Gobierno cierra filas con Gómez y defiende su inocencia
Desde el Gobierno insisten en la inocencia de Begoña Gómez. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado su “confianza absoluta” en que un tribunal superior “imparcial” terminará revocando la resolución del juez Juan Carlos Peinado. “Donde nada hay, por mucho que se revuelva, nada se podrá establecer. No tengo ninguna duda”, ha afirmado.
En declaraciones a los medios, Bolaños ha reiterado su duro juicio sobre la actuación del magistrado, una posición que, según ha señalado, es “bastante conocida”. “Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos y también a muchos jueces y magistrados en nuestro país”, ha añadido.
Preguntado por la posibilidad de que Peinado pudiera estar incurriendo en prevaricación, el titular de Justicia ha evitado responder de forma directa, aunque ha dejado entrever su postura: “Ustedes se imaginarán cuál es mi opinión”.
Fuentes de Moncloa aseguran que en el Gobierno existe “indignación” tanto por el contenido del auto como por algunas de sus expresiones. Además, apuntan a un patrón que consideran recurrente: la coincidencia de las resoluciones del juez con viajes oficiales del presidente del Gobierno.
En esta ocasión, la decisión judicial se ha producido mientras Pedro Sánchez y su esposa se encuentran en un viaje oficial a China. No sería, según el Ejecutivo, un hecho aislado. Recuerdan que en octubre de 2024, Peinado amplió la investigación contra Gómez por nuevos delitos cuando el presidente estaba de visita en India, lo que refuerza la idea de que “no es casual”.
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El Gobierno también señala otros precedentes. Entre ellos, la citación de Gómez el 18 de noviembre de 2024, coincidiendo con un viaje previsto a Río de Janeiro para la cumbre del G-20, o decisiones judiciales adoptadas durante momentos clave de la agenda internacional del Ejecutivo.
Asimismo, desde Moncloa evocan la iniciativa del juez durante la cumbre de la OTAN en La Haya en junio de 2025, cuando Sánchez se encontraba negociando con sus aliados bajo la presión de Donald Trump para aumentar el gasto militar. En aquel contexto, Peinado solicitó al Tribunal Supremo la imputación de Bolaños por posibles delitos de malversación y falso testimonio en relación con la contratación de Cristina Álvarez.
PP y Vox endurecen el tono contra Gómez
Tras conocer la noticia, las reacciones en el panorama político no se han hecho esperar. Tanto el Partido Popular como Vox han reaccionado con dureza ante el auto del juez. Desde el PP, su vicesecretaria de Organización, Alma Ezcurra, ha ironizado con la situación de Begoña Gómez: “Solo cabe decir una cosa, y es que la tetraprocesada está en Pekín”. Además, ha cuestionado si existe algún jefe de Gobierno cuya pareja haya sido llamada a declarar por la Fiscalía Europea por un presunto amaño de contratos públicos vinculados a la Presidencia.
Los 'populares' califican el escenario de “absolutamente increíble”, aunque subrayan que, como es habitual, “respetan el trabajo de la Justicia”.
Por su parte, el vicepresidente de Vox, Ignacio Garriga, ha elevado aún más el tono al asegurar que España arranca “una nueva semana de la corrupción”, algo que, a su juicio, supone una “vergüenza para todos los españoles”.
Garriga ha ido más allá al interpretar el procesamiento como “la punta del iceberg” de lo que define como una “mafia”, una acusación que su partido sostiene desde hace tiempo. En este sentido, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, al que considera el “capo” de esa supuesta trama, y ha afirmado que esperan que sea “el siguiente procesado”.
Sumar recalca el "cuestionamiento significativo" dentro del Poder Judicial de la causa
Por su parte, los partidos de Sumar han optado por la prudencia a la hora de valorar el procesamiento de Gómez.
El dirigente de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, en rueda de prensa conjunta este lunes con la coordinadora de Sumar Lara Hernández, ha recalcado que el recorrido de Peinado al frente de esta causa, que a su entender ha despertado un “cuestionamiento significativo” dentro del propio Poder Judicial, alimenta “todas las sombras de dudas” que se ciernen sobre el desarrollo de esta instrucción.