La Comisión Europea ha dado un paso clave hacia la transformación digital del continente con la presentación de la Ley de Redes Digitales (Digital Networks Act, DNA), una propuesta legislativa destinada a modernizar las reglas de las telecomunicaciones, impulsar el despliegue de redes avanzadas y acelerar el abandono del cobre en favor de infraestructuras de alta capacidad.
El objetivo del Ejecutivo comunitario es doble: simplificar la regulación y atraer inversión privada en fibra óptica, redes móviles avanzadas y servicios digitales, al tiempo que se refuerza el mercado único europeo de la conectividad.
Un mercado único de telecomunicaciones más integrado
La propuesta pretende reducir la fragmentación normativa entre Estados miembros y facilitar la expansión transfronteriza de los operadores. Entre las principales novedades destacan:
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Registro único para prestar servicios en toda la UE.
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Impulso a servicios paneuropeos de comunicaciones por satélite.
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Licencias de espectro más largas y renovables por defecto.
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Fomento del uso compartido del espectro («úsalo o compártelo»).
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Nuevos mecanismos de cooperación entre operadores, proveedores de contenidos y plataformas digitales.
Bruselas considera que estas medidas permitirán a las empresas europeas ganar escala y competir con los grandes actores globales del sector digital.
El fin del cobre: transición entre 2030 y 2035
Uno de los elementos más ambiciosos de la propuesta es la hoja de ruta para el apagado progresivo de las redes de cobre. La Comisión plantea que los Estados miembros elaboren planes nacionales obligatorios para completar la transición hacia redes avanzadas entre 2030 y 2035.
Estos planes deberán presentarse en 2029 y estarán acompañados de garantías para los consumidores, como información previa sobre los cambios tecnológicos y la continuidad del servicio.
Menos burocracia y más inversión
La futura ley busca aliviar la carga administrativa de los operadores y flexibilizar las relaciones entre empresas, sin reducir los niveles de protección al consumidor.
Según la Comisión, la simplificación regulatoria permitirá liberar recursos para acelerar el despliegue de infraestructuras digitales, consideradas estratégicas para la competitividad europea y el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial y la computación en la nube.
Seguridad digital y resiliencia de las redes
La propuesta también refuerza el enfoque geopolítico de la política digital europea. Bruselas plantea limitar las dependencias tecnológicas externas y crear un plan europeo de preparación ante crisis, que abarcaría desde catástrofes naturales hasta interferencias extranjeras en las redes.
Además, los criterios de selección de proyectos paneuropeos de comunicaciones por satélite incorporarán requisitos de seguridad y resiliencia.
Neutralidad de la red y nuevos servicios digitales
La Ley de Redes Digitales mantiene el principio de neutralidad de la red y establece mecanismos para clarificar las reglas aplicables a servicios innovadores, con el objetivo de reducir la incertidumbre jurídica y facilitar la innovación.
Próximo paso: Parlamento Europeo y Consejo
La propuesta legislativa iniciará ahora su tramitación en el Parlamento Europeo y el Consejo, donde los Estados miembros y los eurodiputados deberán negociar el alcance final del texto.
Si se aprueba, la Ley de Redes Digitales sustituirá al Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas de 2018 y marcará el marco regulatorio de las telecomunicaciones europeas para la próxima década.
Claves políticas y económicas
La iniciativa se inscribe en la estrategia de la Comisión para consolidar la soberanía digital europea y reforzar la autonomía tecnológica frente a Estados Unidos y China.
El Ejecutivo comunitario considera que una conectividad avanzada y accesible será determinante para el desarrollo de la inteligencia artificial, la digitalización de la sanidad, la expansión de las start-ups y el crecimiento de la economía digital europea.