El Ministerio de Consumo ha puesto el foco en los principales portales inmobiliarios que operan en España por publicar anuncios de alquiler que podrían vulnerar la Ley de Vivienda. Según ha confirmado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se han detectado ofertas que superan los precios máximos permitidos o que no informan del importe del contrato anterior, un requisito obligatorio en determinadas zonas declaradas como tensionadas.
La investigación se centra en el posible incumplimiento de las nuevas normas de transparencia, que obligan a que la información clave sobre el precio del alquiler aparezca de forma clara y accesible ya desde el propio anuncio.
Anuncios de alquiler bajo sospecha en zonas tensionadas
Consumo considera que algunas de estas prácticas podrían constituir infracciones de la normativa de consumo por tratarse de actuaciones “desleales por engañosas”. Hasta ahora, la ley exigía facilitar esta información antes de firmar el contrato, pero la normativa vigente amplía esa obligación también a los anuncios publicados en internet.
En el caso de los grandes tenedores, los precios deben ajustarse a los topes establecidos por ley. Para los pequeños propietarios, los anuncios deben reflejar cuál fue el precio del último contrato de alquiler. Según el ministerio, esta información se estaría ocultando o presentando de forma insuficiente en algunos portales.
Aviso previo del Gobierno a los portales inmobiliarios
El Ministerio de Consumo recuerda que los portales inmobiliarios y las asociaciones del sector fueron advertidos formalmente de estos cambios legales. El pasado 29 de diciembre, el secretario general de Consumo, Andrés Barragán, remitió una carta informativa alertando de las nuevas obligaciones y del papel de los portales como intermediarios entre arrendadores e inquilinos.
En esa comunicación, el Gobierno ya avisaba de que el incumplimiento de estas exigencias podría ser considerado una práctica desleal, sancionable conforme a la legislación de consumo.
Qué dice la Ley de Vivienda sobre los precios del alquiler
La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en mayo de 2023, establece varios mecanismos para frenar la escalada de precios en las zonas tensionadas. Uno de los principales es el límite a las subidas en las renovaciones de contrato, que se rigen por el Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) elaborado por el INE, en sustitución del IPC.
Además, la normativa permite fijar rangos de precios máximos mediante el Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda (SERPAVI), que calcula una horquilla de rentas en función de múltiples variables del inmueble y su entorno.
Un control más amplio del mercado del alquiler
La investigación a los portales inmobiliarios se suma a otras actuaciones recientes del Ministerio de Consumo en el ámbito de la vivienda. En diciembre, el departamento sancionó a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar pisos turísticos sin licencia y multó con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por vulnerar los derechos de los consumidores, una sanción que sigue pendiente de resolución definitiva.
Consumo mantiene una monitorización activa del mercado inmobiliario, en un contexto de creciente tensión por el acceso a la vivienda, especialmente en las grandes ciudades y áreas declaradas como tensionadas.
Choque con Hacienda por los incentivos fiscales al alquiler
El debate se ha intensificado tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un real decreto que incluirá una bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que decidan no subir los precios del alquiler. Desde el Ministerio de Consumo han criticado esta medida, calificándola de “ineficaz” y alertando de que puede aumentar la brecha entre propietarios e inquilinos.
Mientras tanto, la investigación a los portales inmobiliarios avanza con el objetivo de garantizar que los anuncios de alquiler cumplan la ley y que los consumidores dispongan de información veraz antes de tomar decisiones clave sobre su vivienda.